El gobierno de la India dictaminó en 2007 que Vodafone debía al país hasta 200 millones de rupias (3.270 millones de dólares) en impuestos e intereses por la adquisición de parte de los activos del negocio local de Hutchison Whampoa.
Esta operación fue un movimiento de la teleco británica para entrar en el mercado indio. Desde entonces, el gobierno y la operadora mantienen una larga contienda que ha pasado por varias fases.
La Corte Suprema de India se pronunció a favor de Vodafone. Al tratarse de una transacción entre dos empresas extranjeras no podía gravarse de esa manera. Sin embargo, el año pasado el gobierno indio cambió sus leyes de impuestos para poder aplicar a las empresas multinacionales las mismas tasas.
En un intento de resolver el conflicto, en junio el gobierno se ofreció a tramitar el asunto conforme a la Ley de Arbitraje y Conciliación de 1996, que requeriría a la compañía pagar sólo un impuesto de 79 millones de rupias (1.290 millones de dólares).
Aunque como informa The Economic Times Vodafone parecía haber aceptado informalmente la propuesta, la operadora ha solicitado ahora un mediador neutral para ayudar a resolver la disputa.
Durante todo este tiempo, la relación de Vodafone con el gobierno indio ha sido inestable. La compañía ha acusado al ejecutivo de violar la ley en la prórroga de su licencia de telecomunicaciones y en las directrices de subastas del espectro 2G en el país, que ha calificado como “ilegal y discriminatorio”.
Con ello, la operadora parece sumarse a las voces de las telecos de EE.UU que han denunciado proteccionismo en el gobierno de la India. Sus políticas tecnológicas están favoreciendo la contratación de los fabricantes nacionales y las compañías advierten el peligro de vulnerar las reglas de la OMC.
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