Vodafone se encuentra en la carrera por obtener una licitación que alcanza los 45,5 millones de euros, destinada a implementar un sistema de seguimiento telemático. Este sistema está diseñado para supervisar el cumplimiento de medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en casos relacionados con violencia de género.
Sin embargo Vodafone no es la única empresa interesada en esta licitación pública convocada por la Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género. La teleoperadora se enfrenta a la compañía Buddi Limited.
Esta licitación, que se encuentra bajo la categoría de urgente y cuenta con financiación de la Unión Europea (UE), establece en su pliego de condiciones técnicas que el sistema a ser implementado debe tener la capacidad de “identificar en todo momento el lugar del territorio español en el que se encuentran las personas inculpadas o condenadas en el procedimiento judicial con respecto a las víctimas o víctima del delito, se encuentre esta donde se encuentre”.
Este sistema de seguimiento debe asegurar en todo momento la ubicación precisa de la persona inculpada o condenada en relación con el lugar en que se encuentra la víctima del delito. Además de esta función esencial el sistema debe verificar la proximidad entre la víctima y la persona condenada, y establecer mecanismos para detectar y prevenir cualquier intento de transgredir la prohibición de aproximación establecida.
Para cumplir con estos requisitos el sistema deberá contar con dispositivos electrónicos que sean compatibles con sistemas de posicionamiento GPS. En los casos en los que estos sistemas no sean efectivos, deberá contar con una solución técnica alternativa para estimar la ubicación. Asimismo el sistema debe tener mecanismos de seguridad que eviten intentos de fraude, manipulación o interrupción del funcionamiento normal de los dispositivos electrónicos.
En el caso de que se produzcan infracciones de la prohibición de aproximación, el sistema debe notificar estas transgresiones tanto a las partes involucradas, como a los profesionales que trabajan en casos de violencia de género. Para ello,se exige que el adjudicatario final disponga de un centro de control operativo las 24 horas del día, los 365 días del año.
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