La Comisión de Cooperación de Consumo ha concluido en un informe que la distribución de terminales bloqueados por parte de las operadoras de telefonía móvil es una práctica “abusiva y sancionable”. Una vez transcurrido el tiempo necesario para que el importe subvencionado haya sido recuperado por concepto de consumo telefónico, “es necesario que el terminal pueda ser desbloqueado libremente“, reza el informe. Si aún no se ha cumplido ese plazo, las compañías deberían desbloquearlo tras el abono del importe de la subvención pendiente de recuperación.
La comisión, integrada por el Instituto Nacional del Consumo (INC) y las autoridades autonómicas de protección al consumidor, ha emitido este informe, en el que concluye que la venta de móviles no liberados es una práctica ilegal, tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción a Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo en enero de 2012, informa Europa Press.
Según dicho informe, “en el caso de que el cliente, dentro del periodo de permanencia, estando al corriente del abono de la factura, quiera hacer uso del terminal con una tarjeta de otro operador, el operador no puede negarse a liberar el terminal, limitando los derechos del consumidor si éste está cumpliendo con las obligaciones que contrajo en el momento de contratar”.
El informe concluye que estas prácticas de las operadoras de telefonia movil “constituyen infracciones en materia de consumo sancionables por las autoridades competentes, de conformidad con el artículo 49.1 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios”.
A pesar de la rotundidad de sus conclusiones, el informe no tiene carácter vinculante ni obliga a las operadoras, al tratarse de un informe de otro organismo distinto a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Además, el propio informe reconoce que la CMT tampoco puede actuar en este asunto, ya que el mercado minorista de móviles está liberalizado.
No obstante, Facua va a remitir el informe a las compañías, instándoles a que faciliten a todos sus clientes los códigos de liberación de sus terminales. Asimismo, pedirá a las autoridades autonómicas de protección al consumidor que apliquen sanciones “proporcionales a las dimensiones de las irregularidades cometidas por el sector”.
En cuanto a los usuarios, Facua les recomienda que soliciten a las operadoras la liberación de sus teléfonos, “hayan o no cumplido sus compromisos de permanencia”. En caso de que no se los faciliten o les pidan dinero a cambio, pueden presentar una denuncia ante los organismos de consumo, acompañada del informe de la Comisión de Cooperación de Consumo.
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