Utilizar Internet con fines terroristas será castigado penalmente

A partir de ahora será delito penal las conductas de inducción pública, captación y entrenamiento para el terrorismo, también cuando estas actuaciones se lleven a cabo a través de Internet, por ejemplo mediante la difusión de instrucciones para fabricar una bomba en una página web.

El último informe de Europol publicado el pasado 7 de abril alertaba del creciente uso de Internet para difundir “propaganda terrorista” y “manuales de fabricación de bombas”. También Naciones Unidas ha expresado su preocupación por el uso que hace el terrorismo de Internet para reclutar miembros, según ha recordado la Comisión Europea.

Los Veintisiete quieren responder al creciente desafío con esta nueva norma, que modificará la decisión marco sobre terrorismo que se adoptó en 2002. La legislación permitirá que las personas que difundan en Internet propaganda terrorista o los conocimientos necesarios para fabricar una bomba sean perseguidos en todos los Estados miembros y que les impongan penas de prisión. Además, los tribunales o las autoridades judiciales podrán exigir a los proveedores de los servicios de Internet que retiren esta información.

La Comisión insistió en que los derechos fundamentales, particularmente la libertad de expresión y de prensa, no se verán mermados con esta iniciativa. En este sentido, en el preámbulo de la propuesta inicial de Bruselas se dejaba claro que “no se pretende reducir ni restringir la difusión de información para uso académico, científico o informativo” y que “la expresión de puntos de vista polémicos en el debate público sobre cuestiones políticas sensibles, incluyendo el terrorismo, queda fuera del alcance” de esta norma.

Finalmente, en aras del compromiso, se deja libertad a los Estados miembros para decidir si tipifican o no como delito la tentativa de entrenamiento de terroristas (por ejemplo, la construcción de un campo de entrenamiento), algo que defiende España. Otra de las cuestiones polémicas hasta el último minuto era si se aplicaba o no el principio de extraterritorialidad. En este caso, se ha decido, tal y como defendía la Comisión y España, exigir a todos los países de la UE que persigan estos nuevos delitos también fuera de las fronteras de la UE.