La juez Anna Diggs Taylor ha declarado que el programa de vigilancia terrorista es contrario a la libertad de expresión. Además, añade la magistrada, la administración Bush se ha saltado literalmente el control constitucional del ejecutivo al poner en marcha este programa quinquenal que no requiere de permiso judicial.
Diseñado por la Agencia de Seguridad Nacional, este programa fue autorizado por George Bush después de los atentados del 11S y su existencia no fue revelada a la opinión pública hasta el año pasado, lo que suscitó una gran controversia.
Este programa autoriza al Gobierno a controlar los correos electrónicos y a instalar escuchas telefónicas en las llamadas internacionales realizadas por los ciudadanos estadounidenses.
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