Un poco de luz sobre el acuerdo de Google Books

Todas las claves para entender la polémica en torno al servicio de búsqueda de libros de Google.

La iniciativa de Google Libros, como se denomina en español, es uno de los principales y primeros proyectos de Google. Los fundadores del buscador se conocieron en un entorno universitario y ya desde entonces tenían la idea incluir todo el conocimiento que había en la biblioteca de su universidad, la Universidad de Standford, al nuevo mundo de Internet que estaba creciendo.

Cuando Google se convirtió en una compañía y empezó a crecer decidieron acometer este proyecto de una forma seria y profesional, creando el origen de lo que hoy se conoce como Google Books, la herramienta Google Book Search (Google Búsqueda de Libros).

Tal y como explica Luis Collado, responsable de Google Libros en España y Portugal, en esencia el proyecto de Google pretende “incorporar todo el conocimiento incluido en los libros a Internet, para que Internet sea una forma de difundir ese conocimiento hacia más gente”.

¿Dónde está el problema de tan loable iniciativa? Como cualquier inicitaiva de este tipo, a parte los gastos y la inversión para la digitalizar todos los fondos de bibliotecas y nuevas publicaciones, se trata de un nuevo mercado del que se beneficia económicamente Google por lo que los editores y autores quieren su parte del pastel.

Google define su servicio como “una herramienta para que los editores y autores promocionen y difundan sus libros en todo el mundo de forma gratuita”, y para que los internautas busquen, descubran y hojeen libros que de otro modo nunca podrían ver. Además, el buscador asegura que Google Libros facilita el acceso ilimitado a los libros “de una manera segura, protegiendo el copyright” y ofrece una plataforma para que cada uno pueda comprar y vender libros en el formato que escoja al precio de mercado.

El buscador ha puesto en marcha dos programas distintos para abordar la digitalización de libros, uno destinado a Bibliotecas (para todas aquellas obras que son de dominio público) y otro para las editoriales y autores (para todos aquellos libros con copyrightque están disponibles en el mercado).

Estos dos programas no han tenido problemas con Google, pues la digitalización de los mismos está respaldada por la legislación de derechos de autor. Los libros pasan a ser de dominio público a los 70 años de la muerte del autor y a partir de ese momento cualquier usuario puede disfrutar de la obra, mientras que el programa para editoriales y autores trata directamente con los titulares de derechos, fijando con ellos las condiciones para la digitalización de cada título.

El problema es que sólo un pequeño porcentaje de todos los libros publicados a lo largo de la historia están incluidos en estos dos grupos, pues faltan todos los títulos descatalogados, los huérfanos de derechos (que carecen de copyrighto se desconoce su titular) y los que no están disponibles en librerías. Estos libros, según Google, “son invisibles y es prácticamente imposible llegar a ellos”.

En España Google se ha limitado a digitalizar obras de la Biblioteca de Complutense de Madrid y la Biblioteca Nacional de Cataluña, además de los títulos que ha negociado con las editoriales y autores, pues la legislación no contempla un posible uso para las obras calificadas por Google como ‘invisibles’. Sin embargo, en EEUU, donde la legislación es más flexible, existe un concepto jurídico denominado Fair Use, al que se ha agarrado Google para digitalizar todas las obras con o sin derechos de autor pero que están fuera del circuito comercial.

En EEUU el Fair Use establece que la digitalización de estas obras está permitida en libros bajo copyright o sin titulares identificados siempre que sean de interés para el ciudadano y no se haga un uso comercial de los mismos.

La intención de Google de vender estas ‘obras invisibles’ ha obligado al buscador a establecer un acuerdo con los autores y editores para compensar a los titulares de derechos y establecer las condiciones de venta de estos libros. Este acuerdo, todavía pendiente de autorización judicial es el aspecto que más quebraderos de cabeza está dando al buscador, pues aunque la Asociación de Editores y el Sindicado de Autores han dado el sí a Google, el Departamento de Justicia llevó el caso a los tribunales el mes pasado, por considerar que podía violar la legislación antimonopolio.

El polémico acuerdo de Google se limita únicamente a los libros ‘invisibles’ que fueron digitalizados bajo el concepto de Fair Use y que el buscador quiere comercializar en EEUU.

El acuerdo, que incluye representantes de la Asociación de Editores y el Sindicado de Autores, establece la creación de una Entidad de Gestión de Derechos de Copyright para todas las obras sin titularidad conocida y ayudar a los autores a reclamar sus derechos. Además fija que cada titular escoja la visibilidad de sus libros, es decir, sólo consulta o también venta, y en el caso de venta la retribución del 63% para el titular y del 37% para Google.

En la vista con el juez celebrada la semana pasada, el magistrado rechazó los términos actuales del acuerdo y exigió que se renegocie para acabar con las preocupaciones expresadas por las autoridades estadounidenses. Además de la retribución a los titulares y un reparto equitativo de los beneficios, el Departamento de Justicia se ha hecho eco de las quejas de otros actores del mercado, como Amazon, que compite con Google en el mercado de los libros digitales. La tienda online considera que Google no está en condiciones de “equilibrar y hacer los ajustes necesarios para acomodar los diferentes intereses públicos en juego, cuando una nueva tecnología ofrece tanto la promesa del beneficio público como el peligro de abusar de los dueños de los derechos de autor y los consumidores”.

Otro de los temores es que el servicio de Google acabe siendo indispensable para las bibliotecas, lo que otorgaría al buscador la capacidad para fijar libremente los precios estableciéndose como monopolio.

Ambas partes han confiado llegar a un nuevo acuerdo antes del próximo encuentro con el juez el 9 de noviembre.