La cuestión había sido sometida a una consideración preliminar por parte de los demandantes, buscando la aquiescencia del criterio judicial antes de recurrir a instancias superiores, y la decisión de este juez federal parece darles la razón, con lo que ahora podría plantearse ya una demanda civil por actuación inconstitucional de la NSA en su programa de espionaje PRISM.
La decisión judicial, pendiente aún de apelación, supondría además la solicitud de interrupción inmediata de todos los procesos de recogida de datos por parte de la Agencia Nacional de Seguridad.
Mediante el sistema PRISM la NSA estaría recopilando multitud de datos de diversas comunicaciones (llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajería online, redes sociales…) amparados en un precedente judicial de 1979 que permitía al Gobierno almacenar y analizar los metadatos procedentes de las comunicaciones de los ciudadanos aunque la cuestión aquí sería el hacerlo de manera constante, universal, permanentemente actualizada y de manera indiscriminada con unos métodos y unas posibilidades que hace 34 años sonarían a ciencia ficción.
La previsión contenida en la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América protege la inviolabilidad de las personas, sus domicilios y sus comunicaciones del acceso arbitrario y sin apoyo de un mandamiento judicial.
Esta decisión judicial se trata del primer revés jurídico que recibe el programa de vigilancia de comunicaciones de la NSA desde que PRISM quedó desvelado tras las filtraciones procedentes del exanalista de dicha agencia Edward Snowden este pasado verano.
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