Es una ley que lleva en los fogones más de dos años y que probablemente no se hará efectiva hasta verano de 2014. La de las normas de protección de datos es una gran reforma que debe además atender a dos actores opuestos y buscar un correcto equilibrio. Por un lado, proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos; por el otro, atender a las compañías que trabajan con esos datos en territorio europeo (motores de la maltrecha economía).
El punto de partida, cambiar percepciones y porcentajes. El 72% de los europeos está preocupado por la forma en que se usan sus datos personales. Crear un clima de confianza, donde los ciudadanos tengan control sobre sus datos y las empresas fomenten la transparencia. “Hay que reforzar la confianza para reforzar la economía”, dice Reding.
La legislación vigente dedicada a la protección de datos data de 1995, cuando sólo un 1% de los europeos tenían acceso a la red. La Unión Europea, en un proyecto encabezado por la Comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía Viviane Reding, planea una gran reforma que sea “clara y lo suficientemente imprecisa para acatar los cambios venideros del mercado”.
La comisaria admite que aplicar una ley a la vida cotidiana es siempre una tarea difícil, pero sabe que es una tarea necesaria y más en este nuevo ámbito digital que se abre a los ciudadanos. Se muestra entusiasta y confiada al respecto.
Si bien hay aún muchos cabos por atar y muchos puntos que han de precisarse y cuyas soluciones serán fruto de muchas reuniones, Reding muestra las principales líneas de actuación que definirán la nueva normativa.
Para empezar, el derecho de los ciudadanos a borrar su “huella digital”. Esto es, una empresa tendrá que borrar todos los datos de un usuario si éste así lo demanda, de lo contrario habrá de enfrentarse a sanciones. ¿Cómo controlarán las autoridades el cumplimiento de estas peticiones? Ni una sola mención a auditorías. “No regulamos servidores, regulamos compañías que operan en Europa”, sentencia.
La creación de una autoridad de protección de datos independiente de los poderes políticos y empresariales es otro de los puntos principales de la normativa. Habrá supervisores nacionales de protección de datos, a quienes se les comunicará (tanto las empresas como los usuarios) cualquier brecha de seguridad y cualquier cuestión relacionada con datos personales.
Por último una nueva Directiva que aplicará los principios generales y las normas necesarias para la colaboración judicial y policial en casos relacionados con actos criminales, en definitiva, las excepciones a la regla.
En definitiva, es una propuesta de unificación. “Un continente, una ley, una autoridad de protección de datos”, sentencia Reding.
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