Ultra-canon: algunos dispositivos podrían aumentar su valor en un 80%

Las entidades de gestión reclaman un ultra-canon que significará para los
consumidores un pago de 2.000 millones de euros anuales, ya que consideran que
tanto los dispositivos como los soportes digitales se emplearán en vulnerar los
derechos de autor.

Un análisis elaborado por AETIC
(Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones de España) sobre los hábitos de uso, demuestra como en la
mayoría de los casos, el porcentaje de las capacidades del equipo que se emplea
para copiar es mínimo y estima que el perjuicio real causado por la copia
privada sería de 11 millones de euros.

Una de las consecuencias principales para los consumidores, será el aumento
considerable del precio de venta de muchos productos habituales en los hogares
que costarán hasta un 80% más. Así, por ejemplo, el precio de un reproductor MP3
se incrementaría en un 70%, un ordenador portátil en un 25% y una memoria USB de
1GB casi un 10% más, entre otros.

AETIC cree que esta medida sería un freno para el crecimiento de la Sociedad
de la Información, ya que, por ejemplo, los 2.000 millones de utracanon
equivaldrían a los 2.440 millones que según los
Presupuestos
Generales del Estado se destinarán a educación en 2007 o, una tercera parte
de los 6.400 millones que se dedicarán a I+D+i civil.

Por otra parte, el canon provocaría cambios en la economía española, como la
ralentización de la adopción de tecnologías clave, el cierre de empresas,
crecimientos en el IPC, desvicaciones de las compras a países sin canon y el
surgimiento de fraudes fiscales.

Además, AETIC asegura que el problema del canon tiene solución en el entorno
digital con medidas tecnológicas que limiten la realización de copias (TPM) o
permitan al autor la gestión de sus derechos (DRM).

El canon es un impuesto aplicado a una mínima parte de los 198 países del
mundo. El 95% de la población mundial no está sometida a ningún tipo de canon,
de hecho, más de la mitad de los países carece de legislación al respecto.