No es la primera vez que la aplicación pasa por tribunales españoles, pero aunque se prohibía en algunas ciudades en otras seguía operando y las prohibiciones al final luego se recurrían basándose en otras decisiones judiciales a nivel europeo, que declaran la actividad de Uber como legal en Europa.
Supuestamente la legalidad europea es la que, en todo caso, marca cuales deben ser las pautas que se sigan en los estados miembros, pero parece ser que al estar establecida en un paraíso fiscal, no podría acogerse a las mismas y por tanto tendría que seguir las sentencias españolas que rijan su legalidad en España.
Esta situación ha sido finalmente aprovechada por la Asociación Madrileña del Taxi, que pedía al Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid que tomara medidas cautelares cuanto antes al estar bastante claro que Uber incumple la legalidad vigente española.
Uber por tanto no se podrá seguir usando en España y no parece que pueda recurrir la sentencia con éxito, ya que las leyes al respecto en España son muy claras. Lo que ya no es tan claro es la legalidad de otras empresas que plantean compartir coches, ya que aunque esto no es ilegal, obtener un beneficio económico de ello sí lo es, algo que afectaría a las empresas que organizan los servicios.
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