La red social Twitter ha hecho públicas dos cartas del FBI que se encontraban hasta el momento sujetas a una orden de silencio. Los escritos, con fecha de septiembre de 2015 y junio de 2016, solicitaban a la compañía datos pertenecientes a dos cuentas, prohibiéndoles notificar a los afectados o al público en general la existencia de estas órdenes, han explicado desde Twitter en un comunicado.
Las informaciones que se solicitaban eran las relativas a nombre, dirección, duración del servicio y registros de actividad. Desde el FBI se les impedía, además “desactivar, suspender, bloquear, cancelar o interrumpir el servicio” de cualquiera de las cuentas, para evitar que los usuarios se percatasen de que estaban bajo investigación, como recoge The Verge.
Elizabeth Banker, consejera del equipo legal de Twitter, ha explicado que la compañía “está insatisfecha por las restricciones en nuestro derecho a hablar más libremente sobre las peticiones de seguridad nacional” que les llegan desde los organismos gubernamentales. “Queremos una oportunidad significativa de desafiar las restricciones del gobierno”, ha dicho, especialmente cuando el hecho de volver un tema clasificado “evita hablar sobre temas de importancia pública”.
No es la primera vez que Twitter demuestra su descontento con las políticas de la administración y su transparencia (o falta de ella) a la hora de solicitar informaciones. En octubre de 2014, la empresa denunciaba al gobierno de Estados Unidos, buscando que se suavizasen las restricciones que evitan que las compañías compartan las peticiones de datos que les llegan de las autoridades del país.
Varias grandes tech han mostrado su desacuerdo, públicamente o vía legal, contra estas prácticas u otras injerencias del gobierno. Yahoo y Google revelaban el pasado año peticiones similares de información. Microsoft ha denunciado al Departamento de Justicia de Estados Unidos por no dejarles notificar a sus usuarios cuando el gobierno solicita acceso a sus emails. Yendo un paso más allá, Apple se negaba en su día a ayudar al gobierno a acceder al iPhone del terrorista de San Bernardino, alegando, entre otras razones, que sentaría un precedente peligroso.
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