Transparencia TIC
Las metodologías que emplean las operadoras para aumentar sus ingresos y los escasos recursos con los que cuenta el consumidor hacen cuestionar la Ley General de Telecomunicaciones.
Los consumidores han vuelto a poner en tela de juicio los números de información telefónica resultantes tras la liberalización del sector de las telecomunicaciones. Parece que las distintas operadoras que funcionan en España obtienen más que cuantiosos beneficios a partir de las tarifas que cobran a todo el que se comunique. Es más, según los últimos datos, los ingresos de las compañías telefónicas alcanzaron el año pasado más de 17.000 millones de euros o, lo que es lo mismo, experimentaron un crecimiento de cerca del 7 por ciento con respecto al año anterior. Gracias a la aportación del usuario, sin duda.
Lo que realmente sorprende no es la cifra de negocio a la que asciende el sector TIC, sino la manera con la que a ella llega. De hecho, la variación de los precios relacionados sería suficiente hasta para el más cándido, para dudar de las metodologías empleadas. Y, si se quiere agregar más condimento a la cuestión, es requisito previo una cierta audacia para, según explican los mismos consumidores, acceder a la información veraz sobre las tarifas presuntamente establecidas. Un derecho de todos y, por lo visto, inalcanzable.
Si las ganancias que llenan las arcas de las operadoras se unen de este modo a la estafa que sufre el que paga la llamada, aunque sea velada, sobra añadir algo a la Ley General de Telecomunicaciones. La normativa agrega nuevos modos de información al usuario antes de que éste llegue a efectuar la comunicación en sí, un factor que precisamente parece lucir por su ausencia en determinados números.
Las empresas de telecomunicaciones siguen en su línea, de tremendo ascenso económico, las reclamaciones se vuelven más que difíciles y, si esto no fuera bastante, la transparencia de tarifas, imposible. Sólo nos queda volver a plantearnos el marco legislativo vigente.
