Transparencia en la comunicación
La normativa que prepara el Estado para garantizar la seguridad en los servicios de telecomunicaciones se ve respaldada por medidas correctivas de carácter económico.
Los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones, es decir, el cien por cien de la población ya sea en un momento u otro, y a través de los numerosos aparatos que ya se encuentran a su disposición, están asegurados al menos en principio por la última normativa anunciada por el Gobierno.
Las obligaciones que las operadoras tienen que asumir a la hora de ofrecer información sobre la calidad de sus servicios suponen, según afirman altos cargos ministeriales, “un salto cuántico” de cara al reconocimiento del consumidor. Y de una protección, o más bien falta de ella, hasta ahora muy vinculada a ciertos matices incluidos en campañas caracterizadas por las verdades camufladas y por tarifas y precios más que engañosos.
De acuerdo con esto, el Ministerio se propone ampliar la regulación establecida hasta la fecha en los servicios telefónicos y electrónicos, basándose en las estrategias llevadas a cabo por los demás países europeos.
Como resultado, el usuario podrá acceder sin problemas a los contratos de conexión generados por las compañías, al igual que los datos de carácter íntimo formarán una extensión fundamental de los derechos de la persona. Parece, por tanto, que el asunto se vuelve serio.
Además, está última medida es seguida de cerca por la Asociación de Protección de Datos, entidad que ya ha comenzado a emitir expedientes sancionadores a las empresas que continúen propagando los correos electrónicos no deseados y, evidentemente, toda aquella información que no incumbe más que al propio interesado.
Los correctivos económicos están a la vuelta de la esquina, una razón a tener en cuenta para que la transparencia y la seguridad a la que todos aspiramos cuando queremos comunicarnos se vean definitivamente resueltas.
