“Todos contra el Canon” impugnará la Ley de Propiedad Intelectual

La plataforma “Todos contra el Canon“, que reúne a una veintena de asociaciones de consumidores, internautas y empresas de telecomunicaciones, ha anunciado que impugnará la recién aprobada reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) porque considera que el “canon digital” es “un abuso” a los consumidores.

Representantes de las diversas asociaciones reunidas en esta plataforma insistieron en que la aplicación de este “canon digital”, una cantidad que se paga a las entidades de gestión de derechos de autor en cada soporte, como CD o DVD, o equipo, como MP3, desde el que se puede grabar, es “injusto e indiscriminado” ya que también se paga cuando éstos productos son utilizados para otras tareas.

De esta forma, el Estado es “quien más paga” por este concepto debido al gran número de soportes y equipos que las distintas administraciones utilizan para su trabajo ordinario, según explica Javier de la Cueva, abogado de la asociación Derecho en Internet, quien apunta que esta cantidad es “una subvención a entidades de gestión de derechos de autor, que son privadas”.

Igualmente, Edmundo Fernández, representante de una asociación de fabricantes de equipos y soportes digitales, critica que la reforma legal haya consolidado un canon que se ha establecido “al margen del consumidor, que muchas veces no sabe que lo está pagando” y asegura que, según sus cálculos, las entidades de gestión españolas se embolsaron el año pasado 300 millones de euros por este concepto.

Los ingresos por este concepto, siempre según sus datos, “se han incrementado en un 80 por ciento en Europa en los últimos cinco años, mientras que en España lo ha hecho en un 290 por ciento”. Estos y otros argumentos han llevado a la plataforma Todoscontraelcanon a considerar la “posible inconstitucionalidad” de la reforma de la Ley de la Propiedad Intelectual, aprobada la semana pasada en el Congreso de los Diputados con el objetivo de trasponer a la legislación española una directiva europea sobre la Sociedad de la Información.

Ofelia Tejerina, abogada de la Asociación de Internautas, apunta por su parte que el pago de este canon y su sistema actual de gestión, en manos de entidades privadas a las que no se puede auditar, podría infringir los artículos 44, 51 y 52 de la Constitución. Por ello, la plataforma piensa explorar las tres vías de impugnación disponibles: a través del Defensor del Pueblo, de una acción popular para la que precisan reunir 500.000 firmas (ya tienen 300.000) y del apoyo de cincuenta diputados. Además, la plataforma buscará el apoyo de personajes públicos y de la ciudadanía a través de sendas campañas que piensan extender hasta la celebración de la Feria Internacional de Informática, Multimedia y Comunicaciones SIMO, el próximo mes de noviembre.