El origen del asunto está en una denuncia formulada por British Telecommunications y su filial BT España.
Ahora, la CNC admite que existen indicios racionales de que las empresas acusadas hayan cometido un abuso de posición de dominio “individual o colectiva”, algo que prohíbe la ley de Defensa de la Competencia de 2007.
Todo apunta a que las tres operadoras se habrían aprovechado de su dominio en el mercado para lograr estrechar los márgenes con los Operadores Móviles Virtuales (OMV) a los que ceden sus redes.
El texto de la CNC explica que la práctica ilegal podría radicar en los precios fijados por esas compañías para facturar los servicios mayoristas y minoristas “de originación y terminación de llamadas de ámbito nacional en sus redes de telefonía móvil”, especialmente en el segmento empresarial.
Tras el anuncio de la apertura del expediente sancionador, se inicia un plazo de 18 meses en el que la CNC seguirá investigando el tema antes de anunciar su resolución final.
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