Telefónica pide más flexibilidad normativa para favorecer las inversiones
La operadora también subraya la importancia de aumentar la seguridad en el sector de las telecomunicaciones y elevar la confianza en su uso.
El director general de Desarrollo, Planificación, y Regulación de Telefónica, Luis Lada, ha reclamado “aumentar la flexibilidad normativa y reguladora para mantener el ritmo inversor” del sector de las telecomunicaciones, que en estos momentos es de unos 3.500 millones de euros al año; y la necesidad de continuar con la creación de un “marco de desregularización” cada vez menos intervencionista.
Durante su comparecencia ante la Comisión de la Sociedad de la Información del Senado, el responsable de Telefónica ha opinado que el ritmo inversor del sector es “adecuado”, puesto que “está acompasado con la demanda”, aunque reconoció que “todo es mejorable”.
Lada ha asegurado que el “déficit” se encuentra en el uso de las Tecnologías de la Información (TI), especialmente de la informática, y no tanto en la capacidad de las infraestructuras de banda ancha, fija y móvil, que “están encauzando razonablemente la demanda actual”. No obstante, ha subrayado que hay que “eliminar toda barrera” a la entrada de nuevos agentes que quieran invertir en infraestructuras, y fomentar la inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).
Asimismo, el directivo ha insistido en la necesidad de impulsar el desarrollo de contenidos digitales “adaptados a los nuevos modelos de negocio”, ya que en estos momentos todavía existen pocas aplicaciones para la telefonía móvil de tercera generación (3G), una tecnología que abre las puertas a un amplio abanico de nuevos servicios, como la vídeo-llamada o la transferencia de ficheros a alta velocidad.
También se mostró partidario de diseñar una “hoja de ruta con plazos y fechas concretas” para la consecución de una Administración “exclusivamente digital”. En este sentido, el experto de Telefónica ha asegurado que es posible “eliminar totalmente el soporte físico” y lograr que todos los trámites entre los ciudadanos y la Administración sean electrónicos.