Telefónica ha tomado la decisión de no presentarse a la licitación pública para gestionar las pulseras antimaltrato que actualmente utilizan más de 3.000 procesados en España. Estas pulseras tienen como objetivo controlar que los procesados cumplan con la orden de alejamiento y no se acerquen a sus víctimas. Con esta acción Telefónica pone fin a un servicio que ha estado proporcionando de manera ininterrumpida desde 2009 y que dejará de ofrecer en mayo de 2024.
El pasado 20 de julio la Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género abrió el proceso de contratación para este servicio con un presupuesto base de 41,38 millones de euros. El plazo para presentar ofertas finalizó el 22 de agosto y Telefónica no presentó ninguna oferta. En cambio, Vodafone y Buddi Limited, una empresa británica especializada en pulseras de seguridad con botones de alerta, fueron las únicas licitadoras. La mesa de contratación evaluará ambas ofertas y adjudicará el contrato antes del 7 de septiembre.
La pregunta que surge es por qué Telefónica, después de 14 años, decidió retirarse del contrato justo cuando la cuantía era la más alta y tenía todas las posibilidades de ganar nuevamente, pero Telefónica no ha dado explicaciones sobre su decisión.
Varias fuentes del sector señalan algunas razones que podrían haber influido en la decisión de Telefónica de no participar en la licitación, como que la Administración está exigiendo un mayor nivel de servicio sin aumentar proporcionalmente el presupuesto. Además hay una creciente competencia entre operadores por estos contratos, lo que está presionando los precios a la baja.
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