Telefónica,
Ono,
Orange y
Vodafone planean crear
una asociación con el fin de defender sus intereses ante los cambios
regulatorios que se encuentran en debate tanto en España como en el resto del
mundo.
El origen de los roces en el sector de las telecomunicaciones en España se
remonta a 1994, con la apertura del mercado. Ese año hizo su aparición Airtel
-predecesor de la actual Vodafone España-, y se produjo una importante división:
Telefónica por un lado y el resto de los operadores por otro. Por eso, todos los
rivales de Telefónica se unieron en
ASTEL, la asociación de los
operadores alternativos al ex monopolio.
Con el tiempo, los tres operadores de telefonía móvil -Ono, Vodafone y
Orange, la antigua Amena- invirtieron cifras multimillonarias para construir sus
propias infraestructuras. En el caso de Telefónica y Vodafone, la inversión
alcanza los 700 millones de euros anuales y Orange ha anunciado para los
próximos años, el desembolso de alrededor de unos 500 millones. Por su parte,
Ono ha destinado cerca de 8.000 millones de euros para la creación de la
principal infraestructura fija de telecomunicaciones alternativa a la de
Telefónica.
Al aumentar la inversión propia en la red, mayor es el interés en utilizar la
infraestructura como arma competitiva frente a los rivales. A raíz de eso, en el
mundo se pueden encontrar dos bandos: las compañías que han conseguido tener una
red propia para poder utilizarla según sus propios criterios, y los grupos que
pretenden acceder a las redes de sus rivales en las mejores condiciones posibles
argumentando que su actuación aumenta los niveles de competencia.
Por todas las polémicas surgidas, Telefónica, Ono, Orange y Vodafone evalúan
la posibilidad de unirse y, según lo publicado por
Expansión, trascendió
que el presidente de la asociación sería Miguel Ángel Canalejo, ex consejero
delegado de Alcatel en España, actual presidente de Nazca y uno de los
directivos más respetados del sector. El objetivo es unir fuerzas para enfrentar
las próximas decisiones regulatorias, que incluye la regulación que afectará a
las redes de nueva generación.
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