La futura ley obligará a las operadoras de telecomunicaciones a conservar
ciertos datos de cualquier tipo de comunicación electrónica y entregarlos a las
autoridades en caso de que exista una petición judicial. Según las referencias
del Consejo de Ministros ?sólo se conservarán los (datos) necesarios para
identificar su origen y destino, la hora, fecha y duración, el tipo de servicio
y el equipo de comunicación utilizado por los usuarios?.
También están incluidas las redes públicas de comunicaciones en la medida. El
plazo que las operadoras deberán guardar los datos de las comunicaciones (ya
sean mediante telefonía móvil, fija o Internet) se estipula en doce meses,
durante los cuales las empresas no están autorizadas a revelar el contenido de
la comunicación.
Las tarjetas prepago de telefonía móvil tendrán que dejar de ser anónimas,
para lo cual las operadoras deberán recopilar los datos de sus clientes en esa
modalidad. Las empresas del sector dispondrán de un plazo de seis meses para
adaptarse técnicamente a la ley desde que ésta entre en vigor.
La iniciativa, propuesta por los ministros de Justicia, Interior, Industria,
Turismo y Comercio y Defensa, refuerza considerablemente los instrumentos
disponibles para el ejercicio de las funciones de seguridad pública de los
cuerpos policiales, así como del Centro Nacional de Inteligencia y de Vigilancia
Aduanera.
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