La Agencia abrió 1200 investigaciones e impuso sanciones por 25 millones de euros. Una de las principales infracciones es la obtención de datos para la contratación fraudulenta de servicios. (En precios y en servicios no, pero en esto nuestras telecos deben ser las campeonas del mundo)
Muy curioso – o muy penoso – que el tercer lugar de las denuncias se las lleve la mismísima Administración pública, que debiera ser la primera en dar ejemplo y cumplir la normativa.
Además Artemi Rallo, director de la agencia destacó el aumento de las llamadas reclamaciones de “apostasía”, para que la Iglesia Católica borre los datos de los registros de bautismo de quien lo solicite.
La Iglesia se niega alegando acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de 1979, por lo que la agencia espera que una resolución de la Audiencia Nacional sobre las causas recurridas genere jurisprudencia.
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