Tecnologías al servicio del poder
Estados y multinacionales lanzan iniciativas para aumentar el control de lo que circula por Internet, cercenando en algunos casos el derecho de los ciudadanos a la privacidad y las libertades de expresión e información
Espionaje online
Al margen de las iniciativas empresariales, las autoridades estatales de todo el mundo también se han puesto manos a la obra para controlar ese oasis de libertad que en su opinión es internet. Resultado de ello es la nueva división de espionaje creada por el FBI para controlar las comunicaciones en Internet (llámense Skype, VoIP, etc.) o el proyecto Clean IT, puesto en marcha por la Comisión Europea para luchar contra el terrorismo online y entre cuyas propuestas destacan la posibilidad de que las compañías filtren las conexiones a la Red de sus empleados o que sea legal que la Policía “patrulle” las redes sociales.
De momento, los españoles aún podemos respirar moderadamente tranquilos. Tal y como explica María Loza, “si pensamos en los requisitos exigidos para la intervención de las comunicaciones en España (resolución judicial motivada, adoptada dentro de un procedimiento judicial y limitación temporal de la medida), no es constitucionalmente posible establecer medidas de vigilancia genéricas, masivas y permanentes sobre los ciudadanos”.
Tampoco el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español opera con la misma impunidad que el FBI. Como bien resume Samuel Parra, la ley que regula el control judicial previo de este organismo expresa que “el secretario de Estado director del CNI deberá solicitar al magistrado del Tribunal Supremo competente, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, autorización para la adopción de medidas que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones”.
En esta línea, alguna sentencia del Tribunal Supremo ha instado a las autoridades a borrar las grabaciones de comunicaciones obtenidas por el Sistema Integral de Interceptación de las Comunicaciones Electrónicas, más conocido como Sitel. Pese a ello, la existencia misma de este sistema es otro ejemplo de que las autoridades no siempre atienden a las normas vigentes a la hora de intentar controlar la seguridad en la Red. En este sentido, Jorge Campanillas recuerda que Sitel “ha sido objeto de debate y polémica tanto por su uso como por su legalidad” y que, tanto la sociedad civil como las asociaciones de internautas, han solicitado “su regulación vía leyes orgánicas”.
