Sólo el Ministerio de Industria cuenta con un sistema de facturación electrónica
La Administración Pública española, a pocos días de que finalicen los plazos de la Ley 30/2007 por la que se impone la factura electrónica, está lejos de introducirla o de hacerlo próximamente; tan sólo en Ministerio de Industria cuenta con el sistema de facturación electrónica. En algunos casos, como el de Fomento, se han producido tímidos intentos, pero no han tenido ningún resultado.
La implantación de la efactura supondría un gran ahorro de costes, entorno a los 15.000 millones de euros, según Alberto Redondo, Director de Marketing de Seres, que ha presentado esta mañana un estudio sobre la penetración de la factura electrónica en la administración. Lejos de la aplicación de la legislación, al menos en los plazos establecidos Redondo considera que las administraciones públicas “no han sabido aprovechar la crisis”.
Las cifras no dejan lugar a dudas. De la administración española, sólo el 40% utiliza la factura electrónica o tiene al menos intención de hacerlo. La mayoría lo deja al margen: el 59,84% de los organismos públicos estudiados por Seres ni la utiliza ni va a hacerlo.
Por ámbito geográfico, La Rioja se sitúa a la cabeza en el uso de la efactura, ya que cuenta con el mayor porcentaje de ayuntamientos que pueden facturar de forma telemática, seguida por Cataluña, Cantabria y la Comunidad de Madrid.
Por el contrario las comunidades que están lejos de la implantación de la efactura son País Vasco, Asturias, Castilla y León y Galicia.
Queda mucho por hacer. En palabras de Redondo, “muchos ayuntamientos creen que la factura electrónica es lo mismo que la firma electrónica, hay mucha confusión al respecto. En el caso de los ayuntamientos encuestados sólo el 7% de los mismos usa la efactura.
La situación podría no haber sido tan mala: la administración, denuncia Seres, se ha ido por el camino más difícil en lugar de optar por lo más simple, lo que ha aumentado los costes. Los diferentes organismos han optado cada uno por su propia solución, lo que obliga a sus interlocutores a tener que adaptarse a las diferentes soluciones de facturación electrónica que tiene cada uno de los ministerios, municipios o CCAA.
