El informe presentado ayer por el Consejo Fiscal, donde se afirma que la propiedad intelectual no debe ser tratada como un derecho fundamental, ya tuvo sus primeras repercusiones por parte del Gobierno. La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, consideró que el informe es “muy valioso y constructivo”.
La ministra, quien ha asegurado que leyó el documento “con atención”, afirmó que la Fiscalía aporta “precisiones” que merecen ser incorporadas al anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (LES).
“Creo que lo que viene a decir es que la propiedad intelectual es un instrumento de la libertad de expresión y de la libertad de creación. El índice de vulneración masiva que tenemos en este momento, y que lo señala también el informe, hace que debamos adoptar medidas excepcionales”, resaltó.
Sinde explicó que el texto aún puede ser “enriquecido y mejorado” con propuestas como las aportadas por el Consejo Fiscal y destacó las precisiones técnicas del informe, a las que calificó como “muy positivas”, según recoge Europa Press.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, comentó por su parte que el cierre de páginas web contemplado por la LES permitirá “proteger la libertad de expresión y el derecho a la información”, en lo que supone una respuesta a la equiparación entre la propiedad intelectual y los derechos fundamentales que realizó el informe de la Fiscalía.
Girará en torno a tres temáticas: desinformación, contrainteligencia y credenciales expuestas.
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