Nueve compañías TIC, entre ellas Google y eBay, enviaron una carta a los líderes políticos del Congreso para pedir el bloqueo de un proyecto de ley, impulsado por los estudios de Hollywood, por el que pretenden reprimir a los sites extranjeros la venta de contenidos pirateados.
Según las compañías TIC, esta ley expone a internet y las compañías tecnológicas ante “unas nuevas responsabilidades inciertas”.
El proyecto de ley permitiría a los órganos judiciales estadounidenses aplicar órdenes judiciales que podrían requerir a diversos sites y motores de búsqueda tomar medidas para bloquear el acceso a otros sites que contengan material pirateado.
En definitiva, podrían verse obligados a bloquear dominios y resultados de búsqueda. Un estudio cinematográfico podría también actuar contra presuntos delincuentes pidiendo a las compañías de tarjetas de crédito el bloqueo de pagos por parte de clientes estadounidenses. Si no lo hacen, el titular de los derechos de autor podría interponer una orden judicial para bloquear los sites e impedir que reciban publicidad y pagos desde los Estados Unidos.
Google, Facebook o Twitter, entre otros, aseguran que esta medida podría provocar el cierre sites que sin saberlo albergan enlaces a material pirata, recoge The Wall Street Journal.
Los estudios cinematográficos estadounidenses se han quejado durante muchos años de que las empresas de tecnología no hayan hecho lo suficiente para detener la propagación de contenidos pirata. Y es que según Hollywood, un cuarto del tráfico global de internet se compone de archivos que violan el copyright.
Hollywood tiene el apoyo de diversas empresas (Sony, Walt Disney, News Corp, Twentieth Century Fox), sindicatos y la Cámara de Comercio estadounidense. Éstos aseguran que la medida “no va a frenar la innovación”.
El Comité Judicial del Senado aprobó una versión de la ley en junio, y otro órgano judicial escuchará a las partes este miércoles. El proyecto de ley cuenta con el apoyo de los políticos, pero con la oposición de las compañías tecnológicas.
Éstas últimas están de acuerdo en la esencia del proyecto de ley, pero aseguran que es demasiado amplio, que podrán arrastrar a empresas inocentes. Además les preocupa que este movimiento dé a los estudios nuevos derechos y facilidades para interponer demandas.
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