Desde el pasado 15 de enero es obligatorio para aquellas pymes que realicen bienes y servicios a las Administraciones Públicas la presentación de facturas de manera electrónica. Compañías de todo tipo de sectores, incluyendo el TIC, son proveedores o están relacionados de algún tipo con el sector público, por lo que esta medida es bastante generalizada entre las pequeñas y medianas empresas. En cualquier caso, las Administraciones Públicas pueden excluir de esta obligación a las facturas inferiores a 5.000 euros.
La firma Seres, especializada en factura electrónica, y su director de Marketing para Iberia y Latinoamérica, Alberto Redondo, explica las principales barreras para la adopción de esta nueva medida: “La Administración ha estado trabajando mucho en sus tripas, en cómo adaptar su cambio, que es un cambio significativo en el paradigma, pero las empresas se han visto un poquito solas en algunas situaciones”.
Redondo considera que un par de semanas después de que la factura electrónica sea obligatoria para los proveedores de las Administraciones Públicas el grado de implantación debería ir “con un pasito más”, teniendo en cuenta el alto número de compañías afectadas.
El responsable de Marketing de Seres cree que la factura electrónica beneficia tanto a la Administración como a las empresas. En primer lugar porque la Administración recibe “información que no existía”. Asimismo, señala que en algunos casos la presentación de este tipo de documentos casi permite un pago inmediato, porque refleja que algo está correcto prácticamente sin intervención humana.
Redondo también ha dedicado unas palabras al uso de estas facturas en Latinoamérica, dónde ya llevan bastante tiempo circulando en países como México.
El resto de la entrevista está disponible en el siguiente vídeo.
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