El sector público suspende en la adopción de blockchain

La tecnología blockchain se está extendiendo a todo tipo de aplicaciones, desde las transacciones financieras hasta la certificación. Incluso se está estudiando su uso en votaciones electrónicas. No en vano, se estima que el gasto europeo en la cadena de bloques crecerá en 2.800 millones de dólares en los próximos tres años.

Y mientras todo el mundo se mueve para aprovechar las posibilidades de esta tecnología, la tradicional lentitud de la Administración está haciendo que el sector público se vaya quedando atrás. Según el informe ‘Adopción del blockchain en el ámbito del sector público (e-Government)’, elaborado por EAE Business School, el sector público apenas aporta el 4,2% del valor del mercado global que mueve la cadena de bloques anualmente.

Quizá por su vinculación original con las criptomonedas, el sector financiero y bancario es el que lidera la difusión de esta tecnología, acaparando el 60,5% del mercado. Los dos siguientes sectores, a gran distancia, forman parte del área de la logística y de la cadena de suministro: fabricación (17,6%) y distribución y servicios (14,6%).

El estudio señala que el 43% de las entidades del sector público están desarrollando proyectos de basados en Distributed Ledger Transaction (DLT), según los datos recopilados por Statista, a partir de las cifras del Cambridge Centre for Alternative Finance. Una vez más, el sector financiero encabeza las iniciativas, ya sean empresas vinculadas con los mercados de capitales (70% de las organizaciones tiene proyectos sobre DLT), aseguradoras (61%), entidades de finanzas comerciales (59%) o compañías de cobros (57%).

Si atendemos a la fase de implantación de blockchain, la investigación detalla que el 90% de las instituciones del sector público se reparte casi a partes iguales entre un momento de toma de conciencia sobre esta tecnología y una etapa de experimentación con pruebas, a partir de las estimaciones de Statista.

Pese a la escasa implantación de la cadena de bloques en la Administración, el informe hace hincapié en que esta tecnología contribuiría a hacer más transparentes los procesos, al democratizar el acceso a los datos de la red; aumentaría la confianza, gracias a la seguridad del sistema, capaz de prevenir el fraude y la corrupción; ofrecería mayor capacidad predictiva y de investigación; reduciría costes, al eliminar intermediarios; y disminuiría los fallos, pues el sistema estaría menos expuesto al error humano, gracias a la automatización.

Respecto al índice de desarrollo de e-Gobierno, que valora el avance digital en el ámbito de la administración electrónica, el estudio de EAE Business School señala que presenta una media mundial de implantación de 0,55 puntos (sobre 1 punto), según las cifras publicadas por Statista, partir de los datos de la ONU.  Nuestro país se encuentra notablemente por encima de dicha media (0,84), en el 17º lugar de esta clasificación, liderada por Dinamarca (0,92), Australia (0,91) y Corea del Sur (0,90).

Los principales servicios online ofrecidos por el sector público se concretan en aplicaciones, presentación de impuestos sobre la renta, registro de negocios, pago de multas y solicitud de certificado de nacimiento.

El informe indica que la OCDE registró 202 proyectos blockchain en el sector público en 2018. Estados Unidos lidera la iniciativa, ya que cuenta con 27 proyectos, ya sea en etapa de desarrollo (7), prototipado e incubación (5) o exploración (15). Sin embargo, en España no se registra ninguna iniciativa.