5.000 millones de euros en los próximos cuatro años: así cifra el ministro de Industria, Miguel Sebastián, el margen de maniobra financiero que va a generar la TDT de pago, adoptada demasiado rápidamente, para algunas voces de la industria, por el Gobierno este verano mediante la forma de Decreto Ley. Iniciado el curso político, Sebastián ha tenido que dar cuentas.
Según ha explicado Sebastián a los diputados, la medida trataba de “liberalizar un mercado, el de la televisión de pago, con el consiguiente efecto beneficioso para los precios y los ciudadanos”, al que la “urgencia e importancia tecnológica y económica” ayudaron a ver la luz.
El ministro ha justificado la decisión en tres argumentos básicos: la necesidad de “culminar con éxito” el apagón analógico, la “nueva realidad financiera” del mercado y, como ya había apuntado recientemente el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la importancia de “no quedarse atrás” frente a Europa.
Ante las acusaciones de favoritismo hacia una operadora de forma particular (Mediapro con su Gol TV fue la primera en apuntarse a la TDT de pago, en lo que algunos quisieron ver un movimiento rápido para que la compañía aprovechase el inicio de la Liga), Sebastián apeló al rigor y apuntó que era “incustionable el compromiso, el rigor y el impulso que el Gobierno ha dado al proceso de transición a la TDT en nuestro país”.
La norma ha pasado el visto bueno del Congreso, a pesar de las protestas de algunos partidos de la oposición. 183 votos a favor (socialistas más ERC y CiU) han servido para dar la confirmación final. Populares, PNV y UPyD han votado en contra.
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