Se busca bufete que disuelva Brasilcel cuanto antes
Parece que su divorcio va en serio. Telefónica busca alternativas para disolver Brasilcel, la sociedad que controla al 50% con Portugal Telecom (PT) y romper sea como sea su alianza con la operadora lusa.
El primer paso fue contratar los servicios del despacho de abogados holandés De Brauw Balckstone Westbroek para ayudarle a interponer una denuncia ante el Tribunal de Arbitraje de La Haya y poner fin a los problemas entre ambas compañías.
Pero no bastándole este bufete para diluir cualquier tipo de relación entre ellas, la operadora española ha solicitado ayuda a otra firma, el despacho americano Dewey & Leboeuf; el bufete de abogados que unió a las operadoras para constituir Basilcel. Y es que quien los unió en su día le toca ahora solucionar este entuerto…
La misión de Dewey & Leboeuf será asesorar a la operadora española en los trámites de arbitraje que ha iniciado contra PT ante una corte arbitral en Amsterdam. Según publica EP el bufete americano confirma que, conforme a la legislación holandesa y de acuerdo con los contratos SHA y SA, relativos a Brasilcel, “bajo las actuales circunstancias, existen razones fundadas de alcanzar la disolución/liquidación de dicha sociedad”.
La operadora informaba hoy que el nuevo despacho destacará, entre otras cuestiones, que PT ha incumplido sus obligaciones de información al mercado al haber ocultado a Telefónica y a los accionistas de Portugal Telecom, “el efectivo ejercicio, por parte del Gobierno Portugués, de la Golden Share”, en circunstancias distintas a las previstas.
Accionistas minoritarios se suman a la trifulca contra el Estado luso
Tampoco la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) y la portuguesa ATM están satisfechas con la acción de oro impuesta por el Gobierno luso. Tal es su preocupación por el asunto que ambas asociaciones han pedido que el Defensor del Pueblo portugués exija al gobierno que rectifique su decisión de aplicar la “Golden Share”.
El representante de Aemec, Ángel Fernández Albor, explicó que el veto del Estado portugués fue “inconstitucional” y vulneró las legislaciones portuguesa y Comunitaria, lo que provocó graves perjuicios a los intereses de accionistas minoritarios y a los ciudadanos.
Aemec y ATM también planean denunciar al Gobierno portugués ante la Comisión Europea por utilizar la acción de oro de forma contraria a la libre circulación de capitales recogida en el Tratado de las Comunidades Europea. Que por denuncias quede…
