Ya conocéis la historia de este caso: el grupo pro-derechos de autor belga SABAM demandó a la operadora Scarlet y un tribunal dictaminó que los proveedores de servicios de Internet estaban obligados a bloquear el intercambio ilegal de archivos.
Aún apelando el veredicto la compañía intentó bloquear los P2P ralentizando y filtrando el tráfico con tecnología de Audible Magic, llegando a la conclusión que era imposible detener el intercambio de archivos con derechos de autor, ya que la compañía tendría que paralizar también el tráfico legítimo.
Aún así, el veredicto del tribunal obligaba al pago de 2.500 euros de indemnización por cada día que no detuviera el tráfico ilícito, una cantidad que ya se elevaba a 750.000 euros. En una nueva revisión de la sentencia inicial y al hilo del argumento de la operadora, el tribunal ha establecido que Scarlet no debe abonar cantidad alguna, aunque el caso tendrá una vista y un veredicto, suponemos final, en los próximos meses, con una pregunta latente:
¿Se puede exigir legalmente a un proveedor de servicios de Internet, que actúe como policía y juez filtrando contenidos de archivos protegidos por copyright?
vINQulos
Standaard
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