Sarkozy no renuncia a su ley antipiratería
A pesar de la negativa del Constitucional, el Gobierno francés insiste en cortar la conexión a los piratas informáticos pero acepta la intermediación de previa de un juez.
El Gobierno francés quiere sacar adelante su ley antipiratería, le cueste lo que le cueste, y para ello ha presentado el proyecto de una nueva norma que “simplifica” el tratamiento judicial.
Su anterior propuesta, aprobada por el Parlamento y el Senado francés, fue rechazada por el Tribunal Constitucional al considerar que la medida de cortar de Internet a los usuarios que descarguen contenidos protegidos con copyright impedía el acceso libre a la Red, un derecho básico del ciudadano. Uno de los apartados más polémicos de la propuesta era precisamente el hecho de que el órgano encargado de controlar qué usuarios descargaban de forma reincidente contenidos con derechos de autor podía proceder al corte, sin recurrir previamente a un juez.
Tras aceptar que sólo un juez puede ordenar la cancelación del servicio, Sarcozy ha optado por acelerar los procesos judiciales sobre las descargas ilícitas, de modo que las sentencias y los contenciosos sean más rápidos, y que además entren por la vía penal. El gobierno ha explicado en un comunicado que “los ataques contra los derechos de autor y derechos asociados cometidos en Internet podrán ser sancionados con una pena de suspensión de la suscripción”.
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