Ros anima a las operadoras a ser agresivas en sus políticas ADSL

El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, ha admitido que el mercado del ADSL en España “todavía no está desarrollado”, por lo que ha animado a las operadoras a que “sean más agresivas en su política de precios, dado que a unos costes inferiores el sector se expandiría mucho, las compañías aumentarían sus ingresos y la Sociedad de la Información se extendería más”.

El secretario de Estado también ha explicado que el Ministerio de Industria y el de Economía y Hacienda remitirán a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos la propuesta de “price cap” para el próximo año, que estará vigente hasta que la CMT finalice su análisis de los mercados de referencia y determine si existe o no competencia.

Según Ros, el “price cap” de 2005 no incluirá “grandes sorpresas” y estará “en línea” con lo que se espera y con las propuestas aprobadas en años anteriores. En este sentido, el secretario de Estado había declarado a principios de mes que previsiblemente habrá una nueva rebaja de tarifas de Telefónica de España el próximo año.

En otra línea, el mismo mandatario ha anunciado que los reglamentos fundamentales que desarrollan la Ley General de Telecomunicaciones “se encuentran en fase última de tramitación”. “El objetivo que se ha marcado la Secretaría de Estado es disponer de un marco jurídico completo en las próximas seis u ocho semanas”.

En concreto, el reglamento para la prestación de los servicios, servicio universal y derechos de los usuarios se trasladará de manera inminente al Consejo de Estado, mientras que el de mercados de referencia, operadores con poder significativo en el mercado, acceso a las redes y numeración ya ha recibido el visto bueno del Consejo de Estado y se enviará próximamente al Consejo de Ministros.

Finalmente, el secretario de Estado ha recordado que el nuevo marco español de regulación de las telecomunicaciones se fundamenta en la eliminación progresiva del intervencionismo protector existente hacia los nuevos entrantes, en el incentivo de una inversión racional en infraestructuras y en la inclusión de políticas públicas que cubran los territorios a los que no llega la iniciativa privada.