El presidente de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU) ha pedido una revisión total del canon digital y “más transparencia de las sociedades de gestión a la hora de fijar los distintos tipos de canon y gravámenes”. “Los consumidores miran de manera negativa todo lo relativo a los derechos de autor”, ha advertido Fernando Móner, quien ha pedido que la Ley “tenga en cuenta a los ciudadanos, buscando otra solución que no pase por la obligación de algún tipo de pago por parte de los ciudadanos, y más si esos cánones están suponiendo que esas entidades que se denominaban sin ánimo de lucro no lo sean tanto”.
En cuanto a la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC) consideran que la protección de la propiedad intelectual en Internet pasa por proteger electrónicamente los contenidos digitales y por desarrollar nuevas fórmulas de explotación de los mismos, pero no por establecer cánones, proponiendo que se a la justicia la que condene a quien explote contenidos ajenos.
La Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC) también ha defendido el protagonismo de la Justicia a la hora de actuar contra la piratería y ha pedido que se rebaje el importe del canon digital porque resta competitividad.
La Asociación Española de Radiodifusión Comercial ha sostenido que es necesaria una reforma urgente de la Ley que termine con los poderes “absolutamente excesivos” de las entidades de gestión de derechos de autor. Desde AERC han solicitado que se modifique el “estatus monopolístico” de esas entidades, así como la manera en la que administran sus repertorio.
La Federación Española de Hostelería se ha sumado a esa petición y ha exigido un “tope equitativo, razonable y responsable” de las tarifas impuestas por las entidades de gestión.
La directora de Relaciones Institucionales de Google España, Bárbara Navarro, ha defendido que la nueva Ley de Propiedad Intelectual (LPI) incluya más “excepciones” al pago de derechos de autor. Antes de comparecer ante la subcomisión que estudia la reforma de la LPI, Navarro ha declarado que la directiva comunitaria permite “ampliar el margen de excepciones”, entre las que mencionó la cita, la parodia y la digitalización con fines divulgativos. “Hay que defender los derechos de propiedad intelectual, pero también desarrollar la nueva ventana de explotación que es Internet.
El profesor del Instituto de Empresa y experto en internet Enrique Dans ha augurado que las descargas ilegales a través de la Red disminuirán cuando el mercado ofrezca alternativas, algo que no ocurrirá mientras las entidades de gestión de derechos de autor “sigan lastrándolo”. Las entidades de gestión conforman un monopolio que tergiversa y altera completamente el funcionamiento del mercado, explica Dans. Las descargas son sólo un problema “coyuntural”, toda vez que “los artistas ganan más dinero que antes, la difusión de la cultura es mucho mayor y los únicos que están perdiendo dinero son intermediarios, que lógicamente si no redefinen su papel ya no tienen demasiado que hacer en la sociedad de la información”.
Tras estas comparecencias la Subcomisión que estudia la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual vigente deberá elaborar un documento de conclusiones que deberán ser aprobadas por la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados para su posterior elevación al Gobierno. Este podría o no tenerlas en cuenta, ya que no son preceptivas.
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