Los tribunales alemanes han echado por tierra las esperanzas que tenía
Telefónica de recuperar el desembolso realizado para adquirir una licencia
UMTS
en aquel país. Para conocer el origen de la demanda, hay que remontarse al año
2000, cuando el operador invirtió más de 8.000 millones de euros en el coste de
la licencia, de los que 4.845 salieron de sus propias arcas, mientras que el
resto lo desembolsó su entonces socia
TeliaSonera.
De acuerdo con la información publicada por la edición digital de
Cinco
Días, esta decisión es la primera resolución judicial en el contencioso que
ha mantenido enfrentados a
Telefónica con los
Gobiernos alemán e italiano en su intento por recuperar las millonarias
inversiones que realizó en el pasado para la adquisición de licencias de
telefonía móvil de tercera generación.
Dos años después de haber conseguido las mencionadas concesiones, el operador
español echó atrás sus planes de expansión por Europa a través del UMTS, por lo
que decidió paralizar todos los proyectos y congeló las cuentas relacionadas con
el coste de las concesiones. Éste fue el motivo por el cual quedaron paralizadas
las licencias de Alemania, Italia, Suiza y Austria, una inversión que había
supuesto a Telefónica y TeliaSonera cerca de 12.000 millones de euros.
Segundo fallo en contra
La segunda petición de Telefónica referente a la licencia de telefonía
móvil, también ha sido rechazada. El Gobierno alemán, según el tribunal
correspondiente, obró conforme a derecho en la revocación de la concesión de
telefonía móvil. Esta decisión puede suponer que la operadora española se quede
sin licencia en breve.
La razón de este segundo fallo puede deberse al incumplimiento por parte de
la compañía española en el despliegue de la red y en cuanto a las inversiones
necesarias para otorgar las mencionadas licencias. Dos acciones que nunca fueron
llevadas a cabo por Telefónica, lo que ha hecho que los gobierno implicados, se
aferren a estos incumplimientos para decretar la revocación de las licencias.
Tan sólo Austria ha permitido a la compañía vender la concesión.
Esto significó el principio de las acciones legales de la compañía española
contra los distintos gobiernos de Alemania, Italia y Suiza, con el objetivo de
poder recuperar su inversión, o al menos una parte de ella. Así, en sus
reclamaciones a los tribunales, la compañía realiza dos peticiones: la
devolución de la inversión en la subasta o al menos recuperar la licencia, con
la intención de revenderla o alquilarla si lo permite la regulación.
La administración alemana ha sido la primera en pronunciarse de forma
negativa, amparándose en el incumplimiento de sus compromisos en materia de
despliegue de red fijados en el 2003. A partir de ahora, la operadora española
cuenta con un mes de margen para presentar sus alegaciones. De no llegar a buen
términos estas últimas, se podrá recurrir a un tribunal federal y en caso de
obtener el mismo resultado, existiría un posibilidad de recurso más, antes del
fallo definitivo.
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