A pesar del vivo interés por la transición energética hacia modelos que se apoyen en las energías renovables, son muchos los proyectos relacionados con la generación fotovoltaica y eólica que en España acumulan retrasos. En algunos casos hasta cuatro años de retrasos ocasionados por los trámites burocráticos.
La media del plazo para la tramitación de las gestiones y trámites asociados a un proyecto fotovoltaico es de dos años, a lo que hay que añadir la propia fase de construcción, que maneja plazos de entre 6 y 8 meses, pero la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha expresado su queja de que la mayor traba para el sector la están constituyendo los dilatado plazos de gestiones administrativas necesarias.
UNEF acoge a casi 750 empresas del sector y desde esta asociación se pide al Gobierno un plan de choque capaz de reducir estos plazos, algo que, además, está en línea con la propuesta del plan REPowerEU de la Comisión Europea, contenido también en su propuesta de modificación de la Directiva de Energías Renovables (REDIII).
Se pide una mayor agilización en la transmisión de la información y en la comunicación por parte de las distintas administraciones implicadas (central, autonómica y local), además de aprovechar la situación para revisar el marco de contratación pública.
España, tercer país europeo con mayor potencia fotovoltaica instalada (17,9 GW), situada a una considerable distancia de Alemania (59,9 GW instalados), el líder del ranking, tiene capacidad de sobra, a decir de los analistas, para encabezar esta clasificación por las horas de sol anuales y la capacidad de implantación potencial y disponible. De ahí el interés en el sector en potenciar la facilidad para gestionar estas instalaciones, para lo que resulta esencial la agilización de los procesos burocráticos y la reducción de plazos.
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