La decisión de Nokia de cerrar su planta alemana de Bochum, anunciada el pasado mes de enero, para trasladarse a Rumanía, no ha traído más que problemas a la líder mundial en fabricación de móviles.
El estado de Renania del Norte-Westfalia reclama a la firma finlandesa el pago de 60 millones de euros como indemnización por el cierre. Esto supone un importante crecimiento de la cifra que la región alemana solicitaba en un primer momento y que ascendía a 41,2 millones de euros. Según las autoridades del Estado alemán, estas son las consecuencias de no haber respondido a la petición inicial y han amenazado a Nokia con acudir a la justicia si no se cumplen sus reclamaciones.
Nokia ha sido objeto de duras críticas tras tomar la decisión de trasladar esta fábrica a Rumanía, donde ya ha comenzado a producir, para aprovecharse de la reducción de costes que ofrece a las multinacionales la implantación en países emergentes.
El gobierno alemán y los sindicatos han presionado a la firma finlandesa desde enero para que la planta de Bochum no fuera trasladada a Rumanía. Por su parte, Nokia ha declarado que considera “absurdas” estas reclamaciones y ha recordado que se ha empleado, desde que comenzó su producción en Bochum en 1999, 350 millones de euros para el desarrollo de la región germana.
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