Reino Unido quiere obligar a las startups a instalar puertas traseras
Los poderes de vigilancia que otorgaría al Estado el proyecto de ley de Poderes de Investigación obligarían a las pequeñas empresas a permitir la recogida de datos de comunicaciones.
A pesar de que las grandes corporaciones tecnológicas no están por la labor de contribuir a los programas gubernamentales de vigilancia, el Gobierno del Reino Unido está pensando en obligar tanto a ellas como a las pequeñas nuevas empresas a instalar agujeros de seguridad en sus sistemas con el fin de poder hackear a sus usuarios bajo demanda.
El proyecto de Ley de Poderes de Investigación incluye el contenido del Código de Prácticas sobre Interferencia de Equipo, publicado a principios de este mes, una de cuyas secciones señala que los proveedores de servicios de comunicaciones (CSP) pueden ser obligados a “proporcionar una capacidad técnica para dar efecto a la interceptación, interferencia de equipos, órdenes de adquisición masiva o autorizaciones de adquisición de datos de comunicaciones”.
Al referirse a los proveedores de servicios de comunicaciones en general, el proyecto abarca cualquier empresa de comunicaciones, tanto por Internet como por teléfono, desde las grandes operadoras hasta las startups que lanzan su primera app de mensajería.
“El propósito de mantener una capacidad técnica es asegurar que, cuando se da una orden, las empresas pueden ponerla en práctica de forma segura y rápida”, añade el código de prácticas. “Las pequeñas empresas (con menos de 10.000 usuarios) no estarán obligadas a proporcionar una capacidad técnica permanente, aunque sí pueden ser obligadas a dar cumplimiento a una orden”, precisa.
Además, el proyecto de ley prevé la obligación de las empresas de no divulgar tales acciones impuestas por el Estado, informa TechCrunch. “Cualquier persona a la que se dé un aviso de capacidad técnica, o cualquier persona empleada o contratada a los efectos de la actividad de este, tiene la obligación de no revelar la existencia y el contenido de ese aviso a cualquier persona”, señala el código de prácticas adjunto.
El proyecto de ley está actualmente en fase de tramitación en el Parlamento. La intención del Gobierno de David Cameron es impulsar la norma para tenerla lista a finales de este año.
