El gobierno británico ha anunciado que está considerando cortar de raíz las descargas ilegales de Internet. De tener éxito Reino Unido podría convertirse en el primer país europeo en restringir el acceso a Internet a sus ciudadanos mientras algunos gruposque defienden los derechos humanos critican esta actitud afirmando que el acceso a Internet debería considerarse un derecho humano fundamental.
Fue el pasado mes de mayo cuando propuestas similares se hicieron en Francia bajo la política de los llamados ‘tres avisos’ y por lo que los usuarios que comparten archivos en Internet podrían quedarse sin acceso a Internet durante un año después de tres delitos. Sin embargo el Tribunal Constitucional se opuso al presidente francés, Nicolás Sarkozy, rechazando la ley e insistiendo en que la libertad de Internet es esencial en una democracia moderna.
El gobierno británico ha dicho que suspender las cuentas de Internet de los que comparten archivos todavía tiene que someterse a una consulta pública, pero los analistas sostienen que esta política tiene la intención final de cortar de raíz la descarga ilegal. De hecho, en la agenda de las autoridades queda reflejado que en los próximos dos años se quiere reducir el 80% de las descargas ilegales dando nuevo poderes a Ofcom, el organismo que regula las comunicaciones en Reino Unido.
La propuesta contempla que Ofcom trabaje con los proveedores de acceso a Internet (ISP) para identificar a los usuarios particulares que descargan archivos ilegales para enviarles una advertencia escrita; si esa advertencia no funciona la identidad del usuarios se le enviará a los propietarios de los derechos de autor de los archivos descargados, que podrán llevar a cabo las acciones oportunas.
Aunque similar a la ley de los ‘tres avisos’, ya que se enviarán dos cartas antes de ceder los datos a los propietarios del contenido, la propuesta inglesa afirma ser diferente de la francesa porque la descarga ilegal es un delito civil en Reino Unido y sin embargo se considera delito penal en Francia.
Las medidas técnicas de la ley, que de ser aprobada no empezaría a funcionar hasta 2011, contempla la obligatoriedad por parte de los ISPs de luchar contra el delito bloqueando el acceso a sites de descargas ilegales, reduciendo la velocidad de ancho de banda o suspendiendo temporalmente la cuenta de internet del sujeto.
El debate sobre las descargas ilegales en Europa cuenta con opiniones my divergentes. Los defensores de los derechos insisten que cada descarga no autorizada desde Internet es una violación de la propiedad intelectual y por tanto es ilegal, mientras que otros afirman que el acceso a Internet debería ser visto como un derecho fundamental.
Tras una votación, el Parlamento Europeo ha llegado a la conclusión de que el acceso a Internet no puede ser restringido. Concretamente se acordó que no se puede imponer ninguna restricción a los derechos y libertades fundamentales de los usuarios.
En cuanto a España, por el momento no se ha planteado seriamente llegar a los extremos de Francia y Reino Unido, algo que no obstante no tardará mucho en producirse a pesar de que un reciente estudio a nivel mundial en el que han participado 6.500 personas ha puesto de manifiesto que España lidera el mercado de descargas ilegales en Europa, muy por encima del resto de países.
Por otra parte, y que tomen nota los proveedores de contenido, el estudio también ha mostrado que las personas que utilizan páginas de intercambio P2P son también las que más pagan por contenidos legales.
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