El mundo de la economía y el campo de lo social producen un sinfín de contradicciones, incluso hacia sí mismas. Prueba de ello es esta medida que estudia imponer la Unión Europea. El cobro de un impuesto vendría a alimentar esta suerte de paradoja que es la vida actual del homus economicus, como algunos se aventuran en clasificarnos.
Las corrientes predominantes económico-políticas se aferran al liberalismo más furibundo para desrregular actividades que justamente podrían ser consideradas de interés publico y deberían ser correctamente facilitadas por la Administración, eximir de impuestos a colectivos que saben ejercer su fuerza coercitivamente y efectivamente su presión social y facilitar la adquisición de bienes de lujo, entre otros muchos puntos.
Sin embargo, desde el lado de las clases menos pudientes se percibe la realidad de otro modo muy distinto. Desde luego (e independientemente del color de los dirigentes) la presión impositiva se ha visto incrementada en los últimos tiempos de un modo que se podría tildar de insultante. No hace falta más que darse una vuelta por mercados y bares para comprobar cómo la entrada del euro ha supuesto un varapalo tremendo para las economías más limitadas.
Este impuesto en estudio sólo reafirma el creciente divorcio entre una clase cada vez más plutocrática que lleva las riendas políticas, y una masa cada vez más desvinculada del modelo social que se promueve. Sólo hay que observar los datos para comprobarlo. Todos ellos (los datos como el IPC, la confianza política, o el grado de aprobación) sufren de aguda manipulación hasta el punto de ser inservibles más que como propaganda.
Definitivamente, si la medida se lleva a cabo, ¿quién puede culpar a la ciudadanía de no respaldar el proyecto constitucional de la Unión Europea?¿Quién se quejará de que la sociedad no está lo suficientemente inmersa en la tecnología?¿Qué tipo de demagogia se escogerá para justificar un impuesto que atacaría un medio de comunicación entre los menos ricos?
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