¿Quién protege nuestra intimidad en Internet?

Los datos de los usuarios fluyen constantemente por la Red. El consumidor deja informaciones personales para darse de alta en el correo electrónico, apuntarse a promociones, comprar billetes de avión o autobús o cualquier otro producto, participar en concursos…
Son actividades tan cotidianas para todos actualmente, que no se es consciente de la cantidad de datos que han ido quedando en diferentes portales de la Red. Pero menos consciente es el ciudadano de lo que pasa con esas informaciones ni de cómo están protegidas.
Ha habido varias leyes tras la redacción de la Constitución, que ya protegía el derecho a la intimidad en el artículo 18.4, relacionadas con la protección de los datos personales de los ciudadanos en temas concretos, sobretodo en lo referente al Documento Nacional de Identidad y a los datos sanitarios.
Pero hubo que esperar hasta el año 1999 para que llegara la ley más importante promulgada hasta el momento con respecto a este tema: la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.
Esta normativa protege a los internautas frente a la vorágine de Internet. Los datos que se dejan en diferentes portales, no pueden circular libremente, sino que están sujetos a la ley.
Precisamente, Juan Antonio Martínez-Bretón, profesor de la Universidad Complutense de Madrid destaca como puntos fuertes de la Ley Orgánica 15/1999 la aportación de derechos tan importantes como el de impugnación, de acceso, de oposición y de cancelación.
Además, destaca que las sanciones y las multas que se imponen cuando éstos no se cumplen “son considerables”.
De todos modos, a pesar de esta normativa, el consumidor no suele ser consciente de sus derechos y se enfrenta a la Red sin saber exactamente de qué disfruta. Martínez-Bretón reconoce que “hay una desinformación bastante profunda” y que “la Administración Pública debería llevar a cabo una campaña” para asesorar a los internautas.
Derechos comunes
La ley obliga a que todos los datos sean inscritos en el Registro General, reconociendo el acceso público y gratuito a la información que esté guardada forma oportuna.