¿Quién ganará la partida de la Ley del Juego?

Más de 110 millones de euros en apuestas deportivas. Unos 85 en partidas de póquer. Y hasta 120 en otras modalidades de cartas, de habilidad, de azar y casinos. Estos son los beneficios que se embolsaron las casas de juego online en España durante 2010 y que podrían seguir aumentando, redondearse y alcanzar los 400 millones a finales de año si la futura Ley del Juego lo permite. Eso sí, entablando relación con Hacienda.

Por primera vez desde que se despenalizara el juego en 1977, las empresas virtuales se acogerán en España a un régimen fiscal que gravará desde la obtención de licencias hasta el reembolso de premios. Existirán los mismos controles que para el sector tradicional y los jugadores tendrán la certeza de cobrar sus ganancias libres de estafas. Pero el nuevo negocio soportará menor presión impositiva que el offline y ahí comienzan los enfrentamientos.

Desigualdad impositiva

Mientras las cantidades que el sector tradicional debe tributar se deducen según el importe total de las apuestas realizadas, alcanzando el 50% de media; el Proyecto de Ley establece que la carga fiscal para el juego online se realice sobre sus beneficios netos. Una vez entregados los premios se calculará un 25% de gravamen en apuestas de contrapartida contra la banca y en las cruzadas entre varios usuarios, las de mayor interés para el negocio. En el caso de las quinielas se contempla un tipo impositivo del 22% sobre el bruto de los ingresos, que será del 20% para rifas y concursos.

Aún así, los operadores que ofrecen sus servicios en la Red consideran excesivo ese 25% de media. “España tendrá una de las tasas más altas en materia de juego”, advierte la Asociación Española de Apostadores por Internet (AEDAPI). “Bajo un tipo tan alto habrá algunas empresas que no conseguirán ser rentables a largo plazo en un mercado tan competitivo” y los clientes podrían decantarse por portales extranjeros donde ofrecen recompensas más jugosas.

Tanto Comunidades Autónomas como Estado participarán en la recaudación de impuestos. Las primeras para cobrar las ganancias generadas dentro de su territorio y la segunda para hacerse cargo de los usuarios que participan desde fuera de España, así como de las tributaciones derivadas de apuestas mutuas deportivas e hípicas nacionales.

Un impuesto que no afectará a Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) cuando organicen lotería de ámbito estatal. El sector del juego critica que un organismo como la LAE, que está preparando su salida a Bolsa para privatizar el 30% de su capital, haya colaborado activamente en la redacción de la Ley reservándose este negocio en exclusiva. Además, el bingo online ha quedado en tierra de nadie, quizás para pasar a manos de la LAE, quizás para evitar su legalización, ya que el Gobierno lo considera muy adictivo.

Se pone fin a los paraísos fiscales…

Precisamente, uno de los principales objetivos de la nueva regulación, además de sacar de la “alegalidad” a las empresas y aportar seguridad jurídica a sus clientes, es proteger a menores y personas con problemas de ludopatía. Del ecosistema de 370.000 usuarios que se ha formado en Internet estos últimos años, 40.000 han solicitado voluntariamente que no se les permita acceder a ninguna modalidad de juego para superar su enfermedad.

Otra de las cuestiones que persigue la Ley es el blanqueo de capitales. Y es que, por ejemplo, el 86% del mercado de apuestas deportivas en nuestro país está controlado por cinco operadores radicados en paraísos fiscales: Bet365 y Bwin (Gibraltar), Unibet (Malta), Betfair (Gibraltar y Malta) y Miapuesta (Antigua y Barbuda). Si quieren seguir desarrollando su actividad, todos ellos deberán obtener una licencia de manos de la futura Comisión Nacional de Juego (CNJ) y ejercer bajo un dominio “.es”.