Que no nos pase nada

La nueva Ley General Tributaria ha obligado a la Administración a cambiar sus programas informáticos, una decisión que costará miles de euros a la Hacienda española teniendo en cuenta, además, el retraso de unas 300.000 devoluciones relacionadas con el IRPF. No cabe duda de que, así las cosas, la informática y sus aplicaciones relativas conllevan de vez en cuando un cierto riesgo, por no decir elevado- no sólo para la entidad citada, sino para los contribuyentes en particular y para la empresa en general.

Si ya de por sí el coste de la vida es bastante notable para la gran mayoría, las expectativas de contar con el dinero que más de 287.000 ciudadanos tenían en mente, se verán aplazadas en un lapso de tiempo que puede ser convertirse en realmente caótico y desesperante.

La razón del problema en esta ocasión no es otra que la imprevisión con la que el desconocimiento tecnológico puede jugar. Y, por supuesto, la falta de los equipos específicos que automáticamente podrían haber solventado tan tremenda situación, una especial tesitura, digamos, que pone en grave peligro el estado actual de las arcas estatales.

Aunque el importe de las devoluciones se ve incrementado por intereses varios a los que el fisco se ve obligado por factores de demora, la faena está servida: que los que contamos con ese dinero para afrontar nuestros gastos últimos nos veamos amenazados de este modo clama al cielo porque, además, nadie está a salvo a priori de tan mala suerte.

Y todo, debido a una falta de planificación adecuada, a una carencia absoluta de respeto TI y, por supuesto, al desconocimiento que todavía se cierne sobre las Nuevas Tecnologías. Por parte del ciudadano en su concepto más amplio y de la Administración española en términos concretos. Que no nos pase nada.