La esperada medida, aprobada en la Ley de Emprendedores, según la cual no se deberá abonar el IVA de las facturas hasta haber cobrado las mismas se está encontrando con el boicot de algunas grandes empresas. Según han denunciado pymes y autónomos, grandes compañías, principalmente de los sectores de la construcción y el transporte, están amenazando a sus proveedores con no volver a contratar con ellos en caso de que decidan acogerse al IVA de caja.
Estas
recomendaciones se empezaron a producir en
septiembre, cuando se aprobó la Ley de Emprendedores, según informa
Expansión. Las amenazas se han multiplicado en las últimas semanas, debido a que las pymes deben comunicar antes de final de año a la Agencia Tributaria su intención de acogerse a este régimen, que entrará en vigor el 1 de enero de 2014.
El motivo por el que las grandes compañías no ven con buenos ojos este ventajoso sistema fiscal para las pymes reside en las deducciones. Las pequeñas empresas y autónomos que
facturan menos de dos millones de euros al año no deberán abonar a Hacienda las cantidades correspondientes al IVA hasta que cobren sus facturas, lo que implica que las grandes empresas que han contratado sus servicios no se podrán deducir el IVA hasta que paguen dichas facturas.
Hay que recordar que las grandes firmas españolas trabajan generalmente con unos plazos de pago muy dilatados (en algunos casos, a más de 200 días). El aplazamiento de las deducciones por factura abonada durante un tiempo similar afectaría a sus protocolos contables, por lo cual han anunciado a sus proveedores que si se acogen a este sistema, no trabajarán más para ellas.
La situación, denunciada por pymes y autónomos afectados, ha sido confirmada por abogados y asesores fiscales, así como por diversas asociaciones. En este sentido, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha asegurado que “no es generalizado, pero es verdad”.
Amor definió estas advertencias como “la recomendación del mal pagador, del moroso”. “Lo que no puede pasar es que haya grandes empresas y Administraciones Públicas que se estén financiando a costa de los proveedores. En España, hay empresas que presumen de ser socialmente responsables, que cotizan en el Ibex 35 y que tardan más de 150 días en pagar, mientras se están deduciendo un IVA de unas facturas que no han pagado”, denunció el presidente de ATA. Amor pidió al Gobierno que tome “cartas en el asunto y establezca sanciones a quien no cumpla la Ley de Morosidad”, además de reclamar la ampliación hasta el 31 de marzo del plazo para que los autónomos puedan inscribirse en el régimen de IVA de caja.