El sector informático no está de acuerdo con el trato que se les proporciona y no se callan. Quieren que sus quejas lleguen a la sociedad y al gobierno y que todos sepan cúales son sus demandas.
Hace un mes, en la feria más importante española de nuevas tecnologías, el SIMO, un numeroso grupo de ingenieros informáticos, ingenieros técnicos informáticos y estudiantes de ambas ingenierías se concentraban a las puertas del Ifema reclamando la regulación de sus derechos. Gritos como “¿Qué somos? ¡Ingenieros! ¿Qué queremos? ¡Regulación!” o “La Informática camina hacia delante, el Gobierno camina hacia atrás” pusieron de manifiesto sus demandas.
Aquilino A. Juan, hasta hace unos días presidente del Consejo de Colegios de Ingenieros de Informática, lo expone así: “Entendemos que la Ingeniería Informática tiene un problema social y que la sociedad está desprotegida frente a la informática”, y es que afirma que se permite mucho “intrusismo” en la profesión, lo que ocasiona problemas informáticos de los que nadie se hace responsable.
Creen que la informática acaba en manos de cualquiera y luego son ellos quienes tienen que “solucionar los problemas de quienes se meten y estropean”, y eso les acaba convirtiendo en “esclavos de la sociedad informática”. “Se habla de sociedad de la información, pero de fallos informáticos”, añade Aquilino, y reivindica una normativa que evite “el uso de la tecnología con malos fines”.
Se han realizado regulaciones desde el gobierno para normalizar la profesión (Ingenierías técnicas y superiores y estudiantes de formación profesional), como la OPD o la LISI, pero no se les ha tenido en cuenta. “Toda la regulación la hacen de espaldas”, afirma Aquilino.
La versión de la patronal
Por su parte, Martín Pérez, presidente de Asimelec, patronal del sector con 2.000 empresas asociadas, señala al respecto que las protestas de los trabajadores del sector no van dirigidas hacia las empresas, sino contra las regulaciones gobernamentales.
Para poner fin a muchos de sus problemas, Asimelec ha llevado una propuesta a los grupos parlamentarios que se presentarán el próximo mes de marzo en las Elecciones Generales. Y destacan su deseo de que el Estado y, en muchos casos, los gobiernos autonómicos, lleven a cabo campañas que permitan desarrollar la llamada “sociedad de la información”.
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