La petición de la Administración de EEUU a Google para que facilite más datos sobre usuarios con posibles actitudes que rocen la ilegalidad ha despertado nuevas inquietudes en distintos frentes.
Por un lado sabemos que en EEUU la lucha por el respeto a los derechos civiles (entre los que se encuentra la privacidad) de sus conciudadanos está muy arraigada y siempre que pueden ser vulnerados, entran en acción distintas organizaciones que se esfuerzan por preservarlos.
En el polo contrario las autoridades (sobre todo desde la aprobación de la Patriot Act) presionan constantemente a determinadas compañías cuyo negocio se basa en Internet, para que suministren datos de los usuarios que puedan estar infringiendo la ley.
En este eje se desarrolla el tira y afloja de la privacidad mundial y, aun teniendo ambas partes fundamentos sólidos, el riesgo de sobrepasar los límites de la actividad normal es notorio. Sin embargo, parece que la actividad delictiva tiene sus propios medios para evitar los grandes cauces como Google.
De cualquier modo, lograr un punto de equilibrio que satisfaga tanto a usuarios como a gobiernos parece un poco lejano en este momento, y exige un esfuerzo político (principalmente legislativo) importante. Este objetivo parece inalcanzable debido a las fricciones internas del entramado político/empresarial que encarna el poder en la actualidad. Todo parece indicar que en los próximos años esta lucha no hará otra cosa sino recrudecerse.
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