Por primera vez en España un usuario ha sido detenido por colgar en la Red material audiovisual protegido con derechos de autor.
El individuo, que operaba desde Valladolid, no disponía de conexión a Internet en su domicilio pero si contaba con una antena y un software necesario para descifrar las contraseñas de redes inalámbricas encriptadas de su área. Una vez dentro, se servía de las mismas para poder subir a Internet copias ilegales de películas estrenadas recientemente en los cines.
Lo hacía a través de sitios de alojamiento no españoles y posteriormente anunciando la disponibilidad de estos archivos en dichas páginas gracias a su `fama´ en la Red (existen más de 58.00 referencias con su nick). El `uploader´ se lucraba con sus actividades a través de la publicidad alojada en su propia web y del dinero que obtenía de los servidores donde alojaba las obras audiovisuales. De hecho, se estima que en los últimos cuatro meses se habría embolsado cerca de 1.700 euros por unas 150.000 copias descargadas.
Tras una denuncia de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales ( EGEDA ) y de otros distribuidores el Grupo de Investigación Tecnológica (GIT) de la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León se puso en marcha y tras varias semanas consiguió dar con el delincuente. En su domicilio incautó cuatro discos duros con abundantes copias de filmes de estreno, así como diverso material informático y otros soportes para almacenamiento de archivos, según recoge El Confidencial.
Desde EGEDA han señalado que esta detención es la prueba fehaciente de que hay “grupos de personas que roban las películas antes de su estreno, o las graban subrepticiamente durante sus primeras exhibiciones en salas comerciales, para posteriormente subirlas a Internet a los grandes servidores de alojamiento de contenido (Megaupload, Megavideo, Rapidshare, Hotfile,…)”.
Según la entidad estos individuos trabajan para “grupos organizados que sólo persiguen su lucro personal con las obras ajenas y buscan, además, amparo en la sociedad para justificar sus acciones escudándose en la protección de derechos fundamentales, cuando son precisamente ellos los que los vulneran”.
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