Pese al RGPD, más empleados pierden dispositivos USB con documentos desprotegidos

Cada vez hay más empleados que pierden dispositivos USB que guardan en su interior documentos de trabajo y, a pesar de ello, están desprotegidos.

Según datos de un informe de Kingston, el 71,3 % de los empleados perdió alguna vez un USB que casa con esta definición. Un estudio realizado también por Kingston unos meses antes de la implantación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en mayo de 2018 situaba ese porcentaje en el 68,3 %.

Esto significa que, a pesar de que ha cambiado la normativa y la ley ahora es más estricta en términos de protección de datos, “las empresas aún no están cuidando este aspecto” y los USB se mantienen como punto débil empresarial. “Hace un año la llegada del RGPD obligaba a las empresas a redoblar sus esfuerzos para combatir la filtración o robo de datos”, cuenta Pedro González, desarrollador de negocio de Kingston en España. “Sin embargo, a pesar de los esfuerzos todavía queda mucho trabajo por hacer, comenzando por el cifrado de datos de dispositivos de almacenamiento tan comúnmente utilizados como los USB”.

El RGPD apunta a la obligación de cifrar los datos, pero Kingston estima que un 94 % de las memorias USB en uso no dispone de cifrado por hardware.

Al no cifrar lo que se va almacenando en el dispositivo, se facilita el acceso a información confidencial en caso de robo o pérdida del propio USB.

“Contrariamente a lo que pueda parecer, el cifrado de datos por hardware es una solución muy sencilla de implementar”, apunta Pedro González. “Los usuarios únicamente tienen que teclear una contraseña cuando insertan la unidad en el ordenador, por lo que no requiere de conocimientos técnicos previos ni específicos. Sin duda”, dice, “estamos ante una solución perfecta para que las organizaciones puedan resolver uno de los requisitos más importantes del RGPD”.

Desde Kingston aportan otros datos también, como que el coste medio de una pérdida de datos corporativos subió desde el año 2013 en un 23 %. En la Unión Europea se ha elevado hasta los 3,7 millones de euros.