¿Deben pagar un ‘peaje’ las big tech por usar la red? (II)

La posibilidad de establecer algún tipo de ‘peaje’ a las ‘big tech’ como contraprestación por la inversión que hacen los operadores de telecomunicaciones en el despliegue y mantenimiento de las redes siempre ha sido un asunto polémico.

Las ‘telecos’ y las grandes empresas tecnológicas cuentan con argumentos a favor y en contra y ahora tendrán la oportunidad de exponerlos ante la Comisión Europea, que va a iniciar una consulta pública al respecto, tal y como explicábamos en la primera entrega de esta serie de reportajes.

Además de escuchar las razones de las dos partes, la Comisión Europea tendrá que analizar otros aspectos relevantes, como su compatibilidad con el principio de neutralidad de la red, la fórmula escogida para trasladar al mercado dicha contribución o el impacto que podría tener en el usuario.

Una contribución negociada, no un impuesto

“Desde DigitalES, abogamos por un mecanismo de redistribución de los costes de red que sea justo, equitativo, jurídicamente sólido y, por supuesto, que sea operativo. En este afán, creemos que la fórmula idónea sería obligar a que las grandes OTT se sentaran a negociar con sus proveedores de infraestructura de red. Este es un modelo que ha funcionado con éxito en casos como los operadores móviles virtuales”, expone Víctor Calvo-Sotelo, director general de la Asociación Española para la Digitalización (DigitalES).

“En aras de la viabilidad de la propia medida, ésta debería ir dirigida exclusivamente a ese pequeño grupo de grandísimas plataformas digitales que representan el 60% del tráfico global de internet y que, por consiguiente, se benefician de manera muy desproporcionada de las inversiones que realizan las operadoras de red”, matiza.

Asimismo, David Sola, director de Regulación, Asuntos Exteriores y Fondos Europeos de Vodafone España, puntualiza que las ‘telecos’ no piden que se establezca un ‘peaje’, sino que reclaman que las grandes empresas tecnológicas, y sólo ellas, remuneren a los operadores “por el consumo desorbitado” que hacen de sus infraestructuras.

“Los hyperscalers deberían contribuir con un servicio que consumen de forma exponencial y por el que las operadoras nos vemos obligadas a invertir constantemente para que el resto de los usuarios no se vean afectados. Hasta ahora, esas compañías ni se sentaban a negociar. Lo que pedimos es que se reconozca el derecho del teleoperador a negociar. En ningún caso se plantea cortar ni limitar el tráfico de red a nadie. Sólo queremos que haya un árbitro que establezca una remuneración justa y reconocer ese derecho de las teleoperadoras”, aclara.

“Nuestra apuesta es que se pueda crear un mecanismo regulado para el acuerdo directo entre las OTT más grandes y los operadores de red basado en un requisito de interconexión. Esto iría acompañado de un requisito para que dichos servicios se ofrezcan en condiciones justas. También proponemos que se cree un mecanismo de aplicación o resolución de disputas con una autoridad reguladora como respaldo. La Comisión Europea debería señalar además cómo se deben resolver tales disputas”, puntualiza.

Por el contrario, no cree en posibles soluciones de compensación indirecta, como a través de impuestos, por ejemplo. “Serían demasiado complejas de configurar y podría existir el riesgo de ser mal empleadas, perdiendo así el objetivo previsto. No estamos pidiendo un impuesto a las grandes OTT, sino una contribución a los operadores de red en proporción al tráfico que generan”, remarca.

De igual modo, Juan Montero, director de Políticas Públicas, Competencia y Asuntos Regulatorios de Telefónica, considera imprescindible la definición de “un marco legislativo que solucione la asimetría en el poder de negociación entre ‘telcos’ y grandes tecnológicas”, ya que opina que dicho desequilibrio impide la negociación de un pago justo por el servicio de transporte que ofrecen a las ‘big tech’.

“Esto se resolvería imponiendo a las ‘big tech’ la obligación de sentarse a negociar y alcanzar un acuerdo comercial con los operadores ‘telco’. Con todos ellos, con independencia de su tamaño. Si no fuese posible llegar a un acuerdo, entraría en juego la autoridad competente para resolver el conflicto”, detalla.

La compañía defiende este modelo negociado porque “proporciona la flexibilidad necesaria para que el acuerdo refleje la gran variedad de casos del mercado y se adapte a cada par ‘telco’—‘big tech’, desde la distinta capacidad de red usada hasta el número y ubicación de los puntos de entrega de tráfico, etc.”. De este modo, el acuerdo comercial se determinaría a partir de aspectos particulares, como el distinto uso que la empresa  hace de sus redes, los diferentes segmentos de la red o las distintas intensidades en cada caso.

¿Amenaza a la neutralidad de la red?

Las tecnológicas se agarran al principio de neutralidad de la red para justificar el statu quo. Cabe recordar que dicho principio se basa en que los proveedores de servicios de internet, así como los gobiernos, deben tratar por igual todo el tráfico de datos de la red, sin cobrar ningún tipo de tarifa especial o adicional dependiendo del contenido, página web, plataforma o aplicación a la que accedan.

“La reglamentación sobre neutralidad de red se creó para garantizar que las empresas de telecomunicaciones no controlasen la experiencia del usuario final en internet, administrando injustificadamente cómo se entrega y recibe el contenido, los servicios y las aplicaciones. Es decir, pudiendo dar preferencia o degradar servicios a voluntad. El otro objetivo era proteger los derechos de los usuarios finales, garantizando el acceso libre y sin restricciones a internet y poder ejercer su libertad de expresión compartiendo contenido a través de internet”, especifica Sola.

Sin embargo, las ‘telecos’ consideran que fijar un ‘peaje’ no choca con la neutralidad de la red. “No entendemos por qué algunos lobbies continúan incidiendo en este aspecto. La neutralidad de la red no se ha puesto en ningún momento en entredicho, ni tiene nada que ver con una contribución justa de las inversiones en telecomunicaciones. Así lo ha ratificado en varias ocasiones el propio comisario europeo Thierry Breton. Además, como reconoce la Comisión Europea en la Ley de Mercados Digitales (DMA), la amenaza para la Internet Abierta hoy proviene de aquellas empresas globales y gigantes que actúan como guardianes de internet”, afirma Calvo-Sotelo.

“No hay evidencias de que un operador haya bloqueado contenido o aplicaciones. Algo así nunca sería aceptado por los clientes de ese operador y correría el riesgo de perder usuarios e ingresos a favor de otro operador que decidiera no hacerlo. Defender que preservar la Internet Abierta implica que los gatekeepers no paguen por los recursos de terceros que utilizan, además de difícilmente justificable, es una interpretación tortuosa de la normativa”, agrega.

Igualmente, Montero opina que “el fair share es perfectamente compatible con la regulación de neutralidad de red”. “Así lo ha declarado la Comisión Europea, insistiendo en que uno de los mayores compromisos de la Comisión es precisamente preservar los principios de neutralidad de red”, afirma.

De esta forma, asegura que “la contribución de las ‘big tech’ nada tiene que ver con la neutralidad de red”, sino que se refiere “a la necesidad de que todos los agentes que se benefician de la transformación digital hagan una contribución justa a las infraestructuras en beneficio de los ciudadanos europeos, que es precisamente el objetivo de la solución fair share”.

“La neutralidad de red es otra cosa. Protege la libertad de los usuarios de acceder o prestar los contenidos o servicios de su elección sin interferencia, apoyándose en un tratamiento igual de todo el tráfico de internet. La propuesta de fair share preserva estos principios en su totalidad, ya que no supone un tratamiento diferencial del tráfico, ni entre los operadores que estén sujetos al pago, ni con aquellos que por su menor tamaño no estuviesen sujetos al mismo. Todos recibirán el mismo trato. No supone el bloqueo, degradación o priorización pagada de ningún tráfico. Los usuarios no van a percibir ninguna diferencia entre los distintos servicios/agentes a los que accedan por internet. Tanto la calidad del servicio como el precio del tráfico que el usuario pague será el mismo, con independencia de dicho agente o servicio”, puntualiza.

Asimismo, el portavoz de Vodafone cree que la introducción de un mecanismo de contribución y la negociación y ejecución de acuerdos de interconexión mayorista con las OTT no haría peligrar la neutralidad de la red. “Introducir este mecanismo ni mucho menos supondría una reducción de los derechos del usuario final establecidos en el Reglamento sobre Internet Abierta, puesto que no introduciría ninguna limitación en el contenido disponible a través de internet, ni cualquier restricción sobre cómo se entrega o se accede a dicho contenido, ni ninguna preferencia de trato”.

Además, recalca que “la introducción de un mecanismo de contribución justa no va a dar preferencias de trato ni va a suponer ventajas competitivas para nadie”, puesto que “sólo afectará a los grandes gigantes tecnológicos, que no van a tener ningún tipo de ventaja o priorización en el tráfico derivado de dicha contribución”.

Sin embargo, las tecnológicas tienen otra opinión. “Un reciente informe de la asociación de consumidores de la Unión Europea (BEUC) argumenta que un sistema de pago de tarifas de red podría traducirse potencialmente en medidas que discriminen efectivamente entre diferentes tipos de tráfico e infrinjan los derechos de los usuarios finales. ¿Qué sucedería cuando una plataforma no pagase la tarifa? ¿Bloquearía el proveedor de telecomunicaciones todo el tráfico proveniente de la plataforma?”, plantea Google en declaraciones oficiales.

¿Cómo afectaría al consumidor?

Al margen de si la fijación de este ‘peaje’ respeta la neutralidad de la red, los gigantes tecnológicos defienden que perjudica al usuario final. “Este impuesto tendría un efecto adverso, reduciendo la inversión en contenido, perjudicando a la comunidad creativa, perjudicando el atractivo de los paquetes de banda ancha de mayor precio y, en última instancia, perjudicando a los consumidores. Los proveedores de servicios web (ISP) afirman que estos impuestos sólo se aplicarían a Netflix. Pero esto inevitablemente cambiará con el tiempo a medida que las emisoras cambien de lineal a streaming”, advertía Greg Peters, coCEO de Netflix, en su discurso en el MWC.

Considera que “los ‘peajes’ propuestos por las empresas de telecomunicaciones no están relacionados con sus costes reales de implementación de infraestructura y desviarían fuentes importantes del contenido europeo, debilitando las empresas de ocio, el atractivo de los paquetes de banda ancha de mayor precio y socavando la vecindad artística de Europa”.

Google también reseña que “unos costes más altos para los proveedores de aplicaciones y contenido podrían conducir a precios más altos para que los consumidores usen o accedan al contenido”. “Si a Netflix le cuesta más entregar el video exigido por los usuarios, pasarán este coste a los consumidores con cargos más altos”, indica la empresa. Igualmente, Peters recordó que la BEUC ha señalado que “no hay ninguna sugerencia de que estos gravámenes se transfieran a los consumidores en forma de precios más bajos o una mejor infraestructura”.

Asimismo, la compañía de Mountain View apunta que “restringir la demanda de nuevas aplicaciones puede reducir la adopción de productos 5G y de fibra más caros, así como perjudicar el potencial de un mayor uso de herramientas digitales, lo cual es fundamental para la recuperación posterior a la COVID-19 y el impulso del crecimiento del PIB”.

Por otra parte, considera que “vincular el pago al tráfico es ventajoso automáticamente para los grandes ISP” y crea una “barrera de entrada tanto para los nuevos y pequeños ISP de fibra como para los nuevos proveedores de contenido”, algo que “podría conducir a una menor capacidad de elección del consumidor”.

Sin embargo,  las ‘telecos’ ofrecen un punto de vista diametralmente opuesto, ya que creen que el establecimiento de una contribución por parte de las ‘big tech’ beneficiaría al consumidor final. “En primer lugar, porque evitaríamos que el sobrecoste generado por las plataformas en ciertas partes de la red de acceso tuviera que ser repercutido al usuario final. En segundo lugar, porque todos los esfuerzos dirigidos a eliminar situaciones de privilegio de unas empresas frente a otras redundarán en una competencia más sana y, finalmente, en mejores productos y servicios. Por último, porque se necesita contar con unas infraestructuras de telecomunicaciones fuertes y competitivas para desplegar sobre ellas todas las oportunidades que posibilita la transformación digital. Sin redes, no habrá digitalización”, declara el director general de DigitalES.

Sola manifiesta una opinión similar. “La inversión constante que tenemos que realizar las operadoras en infraestructuras por ese consumo desorbitado de los hyperscalers se invertiría en otras mejoras de red si estas grandes empresas aportaran su granito de arena. Todos, usuarios y corporaciones, ser verían beneficiados. Entendemos que toda la sociedad europea se beneficiaría de una nueva dinámica de mercado más positiva. Así lo demuestra un reciente estudio de Axon, que señala que una contribución colectiva de 20.000 millones de euros por parte de los grandes players al desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones en la UE podría aumentar el PIB europeo total hasta en 72.000 millones de euros para 2025”.

Igualmente, el portavoz de Telefónica recalca que “los pagos por los servicios prestados contribuirían a que los operadores de telecomunicaciones continuaran invirtiendo y desplegando redes, de forma que se avanzaría en el cumplimiento de los objetivos de conectividad de la UE para 2030: todos los hogares con conectividad gGigabit y todos los municipios con cobertura 5G”.

De esta forma, afirma que “el principal beneficiario sería el usuario final, dado que el pago de las grandes tecnológicas por el uso de las redes garantizaría la sostenibilidad de las redes de telecomunicaciones, y con ello, la adaptación y evolución de las redes para la prestación de los servicios del futuro”.

“Las redes son la condición necesaria para la digitalización de la sociedad y los beneficios de las misma son evidentes tanto para el usuario final como para las empresas, grandes y pequeñas, y para las Administraciones Públicas”, añade.

Para reforzar su postura, cita el estudio ‘Fair cost sharing: big tech vs telcos’, de la Escuela Económica. “Concluye que el bienestar del consumidor se vería incrementado, dado que los pagos por el conjunto de los servicios de conectividad y contenidos se vería reducido, máxime teniendo en cuenta que en muchos casos los ingresos de las plataformas proceden de la publicidad. En el modelo actual, únicamente los usuarios finales pagan por el uso de las redes y eso hace que las grandes tecnológicas no tengan ningún incentivo a ser más eficientes en la entrega de los tráficos”.

Además, considera que el consumidor no tendría por qué verse afectado por una subida de precios como consecuencia de la fijación de un peaje. “Los precios de los contenidos al cliente final los determinan las plataformas según sus propios criterios comerciales, y está en su mano la decisión última. Sin embargo, los márgenes con los que cuentan actualmente y su posición de monopolio les permitiría no tener que traspasar a los clientes finales el nuevo coste del servicio por el servicio de transporte”.