Una vez más el derecho a la privacidad y la libertad individual se sacrifica en pos de la seguridad. En esta ocasión no ha pasado en EE.UU, sino en Pakistán. Los usuarios de teléfonos móviles del país asiático tendrán que proporcionar a las autoridades sus huelas dactilares, que pasarán a formar parte de una base de datos nacional.
Con esta obligación se pretende que los pakistaníes prueben que las tarjetas SIM de su propiedad están inscritas a su nombre. Aquellos usuarios que no se registren o no las tengan inscritas a su nombre, verán su servicio suspendido a partir del próximo 13 de abril.
Se trata de una de las muchas medidas antiterroristas que el gobierno del país ha adoptado después del ataque mortal contra la Escuela Pública Militar Peshawar el pasado 16 de diciembre, en el que fallecieron más de 150 personas. Con ella, se pretende desalentar a los extremistas a utilizar compañías locales para comunicarse o activar bombas a distancia.
Lejos de ser infalible, la medida puede perjudicar a muchos usuarios. La obligación no evita que los terroristas puedan servirse de las tarjetas SIM y los servicios de roaming de otros países, algo que ya harían muchos residentes cerca de la frontera. Actualmente hay unos 50 millones de tarjetas SIM sin registrar en Pakistán pertenecientes a habitantes de zonas rurales, que difícilmente podrán cumplir el plazo y que probablemente se queden sin poder llamar ni recibir llamadas.
Pakistán es uno de los países con mayor censura digital. El año pasado fue, junto a India y Turquía, uno de los territorios que más contenidos vetaron en la red social, con 1.775 publicaciones bloqueadas durante el primer semestre de 2014. Las autoridades también han obligado a Twitter a eliminar en el país algunas actualizaciones por “blasfemas”.
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