La Administración Obama lleva tiempo trabajando en frenar a los hackers internacionales. Una guerra que le está llevando a enfrentarse una y otra vez a las grandes corporaciones tecnológicas de EEUU. Si la pasada semana, Obama daba marcha atrás y renunciaba al acceso al cifrado de datos de usuario, ahora se ve envuelto en otra pelea, en esta ocasión por las restricciones al comercio de programas que puedan ser utilizados por los ciberatacantes.
Estados Unidos ha logrado convencer a otros 40 países para adoptar un acuerdo global que prohíba el comercio de los programas de hacking más avanzados, a fin de que no puedan ser adquiridos y utilizados por gobiernos rivales de EEUU, o por Estados que Obama considera una amenaza.
Pero las empresas desarrolladoras de software no quieren someterse a una prohibición similar a la que ya pesa sobre la industria militar estadounidense, que no puede exportar libremente diversos componentes bélicos.
La industria informática no ve fácil discernir los programas que usan las empresas de seguridad para detectar posibles agujeros en los sistemas de seguridad informática y los empleados por grupos extranjeros para penetrar a través de esos mismos agujeros.
“Los controles a la exportación serán probablemente ineficaces si de lo que se trata es de alejar esas herramientas de los gobiernos”, asegura el ex analista de la NSA Stewart Bake, apoyando las tesis de Google, Symantec o Cisco.
Es más, las restricciones a la exportación del software de seguridad causaría problemas a empresas de otros sectores, como el aeroespacial o la banca multinacional, que implementan soluciones de seguridad a nivel global en todas sus filiales.
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