Nuevo choque entre taxistas y Cabify por las licencias VTC

Esta mañana, la Federación Española del Taxi (Fedetaxi) abría un nuevo frente en la guerra de los taxistas contra las empresas de ridesharing. Fedetaxi ha emitido un comunicado en el que anuncia la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Especial de Delitos Económicos contra Cabify por impulsar la reventa de licencias VTC.

La asociación de taxistas denuncia que Cabify y un “entramado de empresas” se constituyeron en 2015 “con el objeto de dotarlas de lotes de VTC que posteriormente revenden a precios 1.000 veces mayores”.

La compañía madrileña ha reaccionado exigiendo a Fedetaxi “el cese de su campaña difamatoria“. Cabify acusa a la asociación del taxi de difundir sistemáticamente “informaciones infundadas” con el fin de “sembrar la duda en la opinión pública sobre la legalidad de sus operaciones, utilizando a los medios de comunicación como altavoz y con el objetivo de dañar su imagen de manera reiterada”.

En relación a la proyectada denuncia, la compañía aclara que todas las licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) que explotan los transportistas que colaboran con Cabify “han sido legítimamente autorizadas por la Administración autonómica, motivo por el cual la acusación de transmisión ‘desregulada’ de las VTC carece de fundamento y es absolutamente falsa”.

Asimismo, Cabify niega que traslade el importe de las licencias VTC a los usuarios de la aplicación, “puesto que dichas licencias no son operadas por la compañía, sino por las empresas VTC con las que colabora”, que fijan las tarifas del servicio y la comisión por la intermediación de la plataforma.

También asegura que en la obtención de licencias VTC los transportistas siempre repercuten o soportan, según corresponda, el importe correspondiente al IVA que grava dichas operaciones de transmisión. Por lo tanto, sostiene que la transmisión de licencias en el sector de las VTC cumplen con la normativa tributaria española.

Finalmente, Cabify recuerda que no ha sufrido ningún procedimiento sancionador por razón de su actividad u organización societaria, “puesto que no existe indicio alguno de ilegalidad que justifique la iniciación de ningún procedimiento por tales motivos”.